Por Diego Torres Hadathy – Corresponsal en Estados Unidos

“A mi primo lo detuvo la policía en una estación de servicio de una carretera interestatal. Había recibido una orden de deportación hace 5 años, pero pudo permanecer en este país y trabajar. Hasta tenía su propio negocio. Pero ya no. Desde hace tres días está en la cárcel y su futuro, el de su pareja y sus dos pequeños hijos depende de la decisión de un juez”, relata Carolina, una ecuatoriana que se entregó a las autoridades norteamericanas en la frontera y que ahora tiene miedo y dudas.

La policía realiza operativos de control en las calles, carreteras de alta velocidad y estaciones de servicio. Con solo digitar el número de la placa del vehículo los agentes saben quién está al volante y tienen acceso a sus datos personales y antecedentes. Por eso el primo de Carolina está detenido.

Pero a Renato -que vino hace 23 años y tiene un proceso migratorio en trámite- los policías lo dejaron ir. “El lunes anterior estaba llegando al trabajo y vi un patrullero que vigilaba una calle. Pocos metros más adelante se puso detrás de mi vehículo y encendió las balizas. Me detuve. El oficial me pidió mis documentos, hizo una llamada y me devolvió mi identificación. Vaya despacio, me sugirió. Y se fue”.

Los restaurantes, supermercados, negocios de servicios y sitios de diversión se han visto perjudicados por la política de deportaciones del gobierno, porque miles de personas ilegales han decidido no salir de casa, no ir a trabajar o no enviar a los niños al colegio para evitar los operativos migratorios.

“En mi turno, que comienza a medianoche, somos 200 empleados. Ayer faltaron 100” cuenta Ramiro, un peruano que trabaja en una fábrica de alimentos que solo despachó la mitad de la producción del miércoles anterior, porque no pudieron empacar la totalidad de los bultos.

Las construcciones, las industrias de todo tipo, los servicios públicos como la recolección de basura o el mantenimiento de carreteras, los hoteles y otros negocios que emplean a los migrantes se suman a la lista de damnificados por los anuncios oficiales.

Algunas empresas han dejado de llamar a los trabajadores ilegales para evitar represalias. El poco personal que aún mantienen debe cubrir también las tareas de los ausentes y en muchas ocasiones sin recibir una remuneración adicional.

El miedo crece. A Sandra -que llegó de Colombia hace 4 años- le pidieron en la escuela de sus hijos (de 5 y 7 años), que registrara el contacto de algún allegado con estatus legal, para poder entregar a sus niños en caso de que ella o su pareja sean detenidos. “Yo dejé un número, pero imagínese lo que es no saber si un día tendrán que irse a otra casa porque yo no pude irlos a recoger. No sé cuándo ni cómo podré recuperarlos o volverlos a ver si algo ocurre” (DTH).