El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en un fallo que se convierte en definitivo y vinculante. La decisión, anunciada el 31 de enero de 2025, ratifica la sentencia de primera instancia emitida en septiembre de 2024 por el juez Fernando Muñoz.

Los vocales Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, todos vinculados al correísmo, fueron destituidos de sus cargos. Además, recibieron una multa equivalente a 70 salarios básicos unificados (31.500 dólares) y la suspensión de sus derechos políticos por un período de cuatro años. Vielka Párraga, quien ocupaba el cargo de vocal suplente, también fue excluida del listado de dignidades del Cpccs.

El fallo contó con el respaldo de los jueces Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Ana Abril. Por su parte, el juez Guillermo Ortega señaló que los vocales destituidos intentaron dilatar el proceso mediante recursos de apelación y recusaciones a jueces. El TCE dispuso el envío del expediente al Consejo de la Judicatura para que se investigue la posible comisión de conductas temerarias.

La denuncia contra los vocales fue presentada en junio de 2024 por los activistas y excandidatos al Cpccs, Pamela Troya y Santiago Becdach. Ambos acusaron a los consejeros de incurrir en una infracción electoral muy grave, al haber sido promocionados por el movimiento Revolución Ciudadana durante las elecciones de febrero de 2023. Según la Ley Orgánica del Cpccs, los candidatos a vocales no pueden pertenecer ni ser auspiciados por partidos o movimientos políticos.

Tras la destitución, los puestos vacantes serán ocupados por los vocales suplentes Gonzalo Albán, Ángel Chela, Piedad Cuarán y David Rosero.