Las deportaciones masivas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado gran preocupación entre la comunidad de migrantes ecuatorianos en el país norteamericano. En su primer domingo de gestión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó 956 arrestos de indocumentados.
El 28 de enero de 2025, partió el primer avión militar hacia Guayaquil con migrantes detenidos en la frontera de Texas. A diferencia de las deportaciones anteriores, realizadas en aviones comerciales, esta vez el gobierno estadounidense utilizó aeronaves militares. Esta decisión provocó un breve impasse con Colombia, que inicialmente se negó a aceptar vuelos militares provenientes de EE. UU.
Aunque el gobierno de Daniel Noboa aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida, la canciller Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Teleamazonas, mencionó que se crearán “paquetes” para recibir a los ecuatorianos deportados.
El aumento de deportaciones de migrantes indocumentados en EE. UU. se ha intensificado desde 2020, cuando Trump aprobó el Título 42, una medida sanitaria vinculada a la pandemia del Covid-19, que permitía la expulsión inmediata de migrantes por tierra. Esta norma se mantuvo bajo la administración de Joe Biden hasta mayo de 2023, y permitió la expulsión de más de 72.000 ecuatorianos en los últimos cuatro años.
La migración irregular de ecuatorianos no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, especialmente después de la apertura de fronteras tras la pandemia. La migración irregular a Estados Unidos ha sido un desafío para los gobiernos estadounidenses, que han aumentado sus medidas de rechazo a la migración, especialmente en un contexto de flujos migratorios provenientes de todo el mundo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, entre 2010 y 2024, más de 11 millones de migrantes fueron deportados de EE. UU. De estos, solo el 1,07% eran ecuatorianos. Además, las cifras muestran que, entre 2017 y 2024, solo el 12% de los migrantes deportados tenían antecedentes criminales, lo que indica que la mayoría de los expulsados no cometieron delitos. Con información de Primicias.
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