El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 22 de enero de 2025 el Decreto Ejecutivo 511, mediante el cual derogó cinco decretos expedidos durante la administración de su antecesor, Guillermo Lasso, relacionados con indultos presidenciales. Noboa justificó la medida argumentando que los decretos ya han cumplido su propósito legal y sus efectos están agotados.

Los decretos anulados

Los decretos derogados (264, 265, 355, 816 y 949) formaban parte de la estrategia de Lasso para reducir el hacinamiento en las cárceles a través del indulto presidencial. Entre los beneficiados estaban personas condenadas por infracciones de tránsito sin muertes ni lesiones, enfermos terminales, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas con sentencias ejecutoriadas por delitos menores que habían cumplido parte de sus penas.

Por ejemplo:

• Decretos 264 y 265 (noviembre de 2021): Permitieron indultar a reclusos con enfermedades catastróficas o terminales y a personas privadas de libertad por infracciones de tránsito sin víctimas fatales.
• Decreto 355 (febrero de 2022): Concedió indultos a condenados por delitos como robo y hurto que hubieran cumplido al menos el 40% de su sentencia.
• Decreto 816 (julio de 2023): Otorgó indultos a 130 mujeres en situación de vulnerabilidad identificadas mediante un censo penitenciario.
• Decreto 949 (noviembre de 2023): Benefició a reclusos con enfermedades graves diagnosticadas, excluyendo a quienes cometieron delitos imprescriptibles como genocidio o lesa humanidad.

Nueva política de indultos

Con la derogatoria de estos decretos, Noboa anunció que los futuros indultos presidenciales tendrán un tratamiento individualizado, respetando estrictamente lo establecido en la Constitución y la normativa vigente. Esto implica que cada caso será analizado de forma detallada antes de conceder un perdón presidencial.

Asimismo, el Decreto 511 establece que los servidores públicos que hayan facilitado excarcelaciones sin cumplir con los requisitos y plazos estipulados en los decretos ahora derogados serán responsables administrativa y penalmente. Noboa subrayó que ningún funcionario puede interpretar extensivamente las disposiciones de los decretos presidenciales para conceder indultos fuera de la ley.