Cristian R., señalado por la Fiscalía como líder de la estructura delictiva en el caso Plaga, fracasó en su intento por sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. Este lunes 20 de enero, el juez Fernando Cantos Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia, rechazó su solicitud junto con la de otros procesados, Gary P. y Hugo A., y ratificó la medida privativa de libertad.

Según la Fiscalía, Cristian R., un abogado en libre ejercicio, era el principal articulador de la organización. Dirigía estrategias para liberar a personas privadas de la libertad mediante sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios judiciales y jueces, llegando incluso a influir en altos niveles de la judicatura.

Gary P., secretario judicial en Paján (Manabí), admitía a trámite acciones presentadas por esta red delictiva, mientras que Hugo A., un policía en funciones, presuntamente alteraba información en los sistemas informáticos para facilitar la salida del país de procesados beneficiados con estas acciones ilegítimas.

El caso Plaga, liderado por el Ministerio Público, expone un entramado de corrupción que involucra jueces, secretarios, abogados y policías, quienes habrían otorgado medidas constitucionales fraudulentas a reos a cambio de sobornos.

El caso Plaga se suma a otros escándalos judiciales como Metástasis y Purga, que han resultado en la destitución de 25 funcionarios judiciales. Estos casos revelan cómo las mafias han extendido su influencia dentro del sistema judicial, poniendo en jaque la confianza ciudadana en la justicia ecuatoriana.