El devenir de TikTok en Estados Unidos se ha convertido en una auténtica comedia política, con tintes de drama, también, que oscila entre la amenaza de la prohibición, el rescate in extremis y la especulación sobre una posible estrategia de marketing electoral. Lo que comenzó como una supuesta preocupación por la seguridad nacional ha derivado en un espectáculo mediático que nos obliga a preguntarnos: ¿de verdad importa la seguridad de los datos o estamos ante una burda maniobra política?

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, cuenta con una base de aproximadamente 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Esta considerable audiencia generó, según Business Insider, alrededor de 12.3 mil millones de dólares en ingresos publicitarios en el mercado estadounidense durante 2024. El gobierno de Estados Unidos justificó su intento de prohibición argumentando riesgos para la seguridad nacional, concretamente la posibilidad de que ByteDance comparta información sensible con el gobierno chino o manipule el contenido que ven los usuarios.

En abril de 2024, la administración Biden promulgó una ley que conminaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en suelo estadounidense antes del 19 de enero, so pena de ser bloqueada. La respuesta de TikTok no se hizo esperar, interponiendo una demanda alegando una violación de la libertad de expresión, un recurso que fue rechazado por las cortes de apelación y que llegó incluso a la Corte Suprema.

El reloj corría y se barajaban posibles compradores: desde Elon Musk hasta una alianza entre MrBeast e inversores, pasando por Frank McCourt, Rumble y una propuesta conjunta de Bobby Kotick y Sam Altman, según fuentes de Forbes que merecen una verificación exhaustiva. Se hablaba de una cifra de entre 40 y 50 mil millones de dólares, excluyendo, eso sí, la joya de la corona: los algoritmos que hacen a TikTok tan adictiva.

Llegado el fatídico 19 de enero, no hubo venta y TikTok, junto con CapCut y Lemon8, desaparecieron de las tiendas de aplicaciones en el país anglosajón. Un movimiento drástico que solo tenía precedentes en India y Nepal, donde las motivaciones fueron similares: preocupaciones por la seguridad y la privacidad de los datos.

La prohibición desató la lógica preocupación entre los creadores de contenido, cuya subsistencia dependía en gran medida de la plataforma. La diáspora hacia otras redes sociales fue inevitable, dando origen al término “TikTok Refugees” para definir a aquellos usuarios ávidos de una alternativa. Pero el giro más inesperado de este guion digno de Hollywood llegó de la mano del nuevo presidente, Trump, quien a través de su red social, Truth Social, anunció su intención de emitir una orden ejecutiva para retrasar la prohibición de TikTok. No solo eso, sino que además manifestó su deseo de que Estados Unidos controle el 50% de la compañía a través de una joint venture (acuerdo temporal entre dos o más empresas para llevar a cabo un proyecto o actividad comercial).

Esta repentina rectificación ha sembrado la duda entre los usuarios, quienes ven con suspicacia una posible complicidad entre Trump y TikTok. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer: ¿acaso Trump ya tenía un comprador en mente? ¿Fue la prohibición una estrategia premeditada para que el magnate se erigiera como el salvador de TikTok, ganándose así el favor de la Generación Z y los Millennials? ¿Estamos ante una brillante (o burda, según se mire) campaña de marketing político?

La posterior reactivación gradual no hace más que alimentar la incertidumbre y las especulaciones. Reflexionemos: ¿Cuáles son los verdaderos términos de la negociación entre Trump y TikTok? ¿Qué precio deberá pagar la compañía para seguir operando en Estados Unidos? ¿Es TikTok una amenaza real o un peón en un tablero político? El caso, que trascendió una simple prohibición, refleja tensiones geopolíticas, estrategias electorales y una ambivalente visión de la seguridad digital, invitándonos a preocuparnos sobre la privacidad y la manipulación informativa.