La declaración del conflicto armado interno) en Ecuador con Decreto 110 del 9 enero entre sus determinaciones expone (Art. 5). Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para identificar a los grupos identificados como amenazas; de igual modo (Art.3) Disponer la movilización e intervención de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores estatales beligerantes.

Con estas prescripciones se ha dado paso a lo que varios expertos en la región asumen como una nueva forma de militarización suave por invitación” por parte de las autoridades políticas, que desde una perspectiva asentada en un militarismo nuevo (estrategia que coloca a la institución castrense por sobre otras instituciones del Estado para resolver los problemas de seguridad) se proyecta hacia un policiamiento de la institución militar.

Las consecuencias de incluir a las Fuerzas Armadas como eje para la solución de un problema de seguridad ecosistémico y nuevo que incluye: la neutralización de estructuras criminales; el desmantelamiento de mercados criminales; el control sobre los diversos tipos de violencia y la recuperación y control del territorio; la disminución de los diversos tipos de violencia y protección de la ciudadanía, evitando la consolidación de zonas con soberanía y gobernanza criminal son múltiples. Estas van desde una sentida desprofesionalización de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento misional establecido constitucionalmente, lo que implica una indefensión no solo doctrinaria sino de construcción de capacidades para lidiar con un conflicto asimétrico, híbrido; la desfiguración de sus operaciones militares, hacia operaciones especiales combinadas con la Policía Nacional, sin un marco legal claro que permita poner el objeto y límites específicos para su actuación. De igual modo, abre la posibilidad del cometimiento de excesos– grave afectación a los derechos humanos-y la contaminación de parte de sus miembros en actividades ilícitas criminales, delictivas lo que va minando la institucionalidad castrense y desfigurando la imagen de credibilidad que sobre ellas ha tenido frente a la población.

A este proceso se suma el agotamiento de las Fuerzas por su despliegue en todo el territorio nacional, el aumento de mayor presupuesto para mantener permanentes sus nuevas tareas que implican- costos asumidos también por los ciudadanos- aumento del IVA al 15%- potencialmente el descuido de las problemáticas graves en fronteras por la presencia y mutación permanente de carteles transnacionales de narcotráfico y otros mercados criminales como la migración ilegal, el tráfico de migrantes, tráfico de armas, contrabando. De igual modo, se advierte la penetración por fronteras de nuevos grupos criminales- de tipo paramilitar- como los Comandos de Frontera,  disidencias por ejemplo de las FARC-EP, y otros grupos como el Tren de Aragua -megabanda criminal venezolana- que abren la posibilidad de vulnerabilidades en la relación vecinal y el afianzamiento de daño sobre poblaciones vulnerables como niños, adolescentes, mujeres que van engrosando las filas de megabandas y carteles que operan en las fronteras y se van inflitrando estratégicamente en el país.

Adicionalmente, el conductor del Estado ha recurrido de manera permanente a la cooperación internacional de varios estados (sostenida en un militarismo como enfoque de la conducción del Estado) vecinos que comparten las graves consecuencias de la criminalización permanente de los Estados, la multiplicación de los tipos de violencias, todo ello desde la construcción de dispositivos discursivos que priorizan las soluciones de corto plazo, muchas veces omitiendo la mirada prospectiva. Desde el entendido que un nuevo estilo de militarización en transicionalidad: militarización suave/militarización dura- será la solución para la creciente oleada de inseguridad y violencia en todo su espectro,  se constata por evidencia nivel regional, que esta salida- ni integral ni estructural- no ha sido la solución para neutralizar el avance de la gobernanza criminal, la soberanía criminal, el debilitamiento del Estado de Derecho y su resiliencia, ni para cambiar los niveles de percepción  y miedo por parte de la ciudadanía.

Más bien, esto a la larga abre un escenario de remilitarización del Estado, dando prioridad a las medidas de control y fuerza – potenciales ejes de multiplicación- de las violencias, lo que impide tener una mirada más integral holística con las acciones necesarias de otras entidades del Estado para la implementación de medidas estructurales frente la crisis multidimensional de seguridad en el país. Finalmente, se configura un potencial uso “politizado” de las Fuerzas Armadas para la legitimidad de las acciones de los gobiernos en materia de seguridad.