La región del Catatumbo, en la frontera noreste de Colombia con Venezuela, enfrenta una escalada de violencia que deja un saldo desgarrador: al menos 80 muertos, decenas de secuestrados y miles de desplazados. Esta crisis es resultado de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, según reportó la Gobernación de Norte de Santander.

La tregua entre estos grupos armados, inmersos en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, se rompió de manera abrupta. El presidente Petro, tras catalogar las acciones del ELN como “crímenes de guerra”, suspendió las conversaciones de paz con esta guerrilla. “El ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, escribió el mandatario en X.

Además de las víctimas mortales, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el confinamiento de comunidades enteras, desplazamientos masivos y la creciente escasez de alimentos en la región. Este territorio, marcado por economías ilícitas como el tráfico de cocaína, se ha convertido en escenario de una feroz disputa territorial.

Violencia sin límites: un caso que estremeció al país

El asesinato de Miguel Ángel López, un empleado funerario, junto a su esposa e hijo en una carretera entre Tibú y Cúcuta el pasado 15 de enero, puso de manifiesto el nivel de brutalidad en la zona. Aunque el ELN negó responsabilidad en este crimen, el hecho exacerbó los enfrentamientos entre grupos armados.

Frente a esta crisis, el gobierno evalúa medidas de emergencia, incluyendo el estado de conmoción interior, que otorgaría poderes extraordinarios al Ejecutivo para enfrentar la situación.

El proyecto de “paz total” del presidente Petro enfrenta un punto crítico. Es la segunda vez en cuatro meses que se suspenden diálogos con el ELN debido a la violencia. A pesar de las tensiones, el gobierno no ha cerrado definitivamente la puerta a futuras negociaciones, dejando abierta una posibilidad para retomar el camino hacia la paz.