Este viernes, 17 de enero de 2025, la Corte Constitucional se pronunció sobre el Acuerdo Ministerial MDT-2024-175, emitido por Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, que suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días. La medida había sido revertida previamente por la jueza Nubia Vera el pasado 23 de diciembre.

El máximo órgano constitucional determinó que varios artículos de dicho acuerdo son incompatibles con la Constitución. Según el dictamen, no es posible sancionar a funcionarios de elección popular, como Abad, a través de procedimientos administrativos.

La Corte declaró que los artículos 2, 4, 54 y 56 del Acuerdo Ministerial violan principios fundamentales de la Carta Magna, destacando:

• La imposibilidad de cesar o suspender a un presidente o vicepresidente mediante procesos administrativos, en virtud de los artículos 145 y 149 de la Constitución.
• El incumplimiento del debido proceso, garantizado en el artículo 146.
• La falta de competencia de las autoridades administrativas para limitar derechos políticos, según el artículo 61, numeral 1.

Además, la Corte reafirmó que en caso de ausencia temporal del Presidente, debe ser la vicepresidenta quien lo reemplace, salvo en situaciones específicas como enfermedad, fuerza mayor o licencia aprobada por la Asamblea.

Reacciones

El constitucionalista André Benavides señaló que la decisión de la Corte elimina cualquier sustento para que el Ministerio de Trabajo persista en su apelación. Por su parte, Damián Armijos, abogado de Abad, coincidió en que el fallo pone fin al conflicto: “Con esto, la apelación de la ministra pierde todo fundamento”.

La vicepresidenta celebró la resolución con un mensaje en su cuenta de X: “¡Viva la democracia!”.

Nueva acción contra el Ejecutivo

Paralelamente, Abad presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 505, en el cual el presidente Daniel Noboa encargó nuevamente la Presidencia a Cynthia Gellibert para enfocarse en la campaña electoral. La vicepresidenta solicita la suspensión inmediata de dicho encargo, argumentando que viola sus derechos como segunda mandataria.

El caso está en manos de la jueza Teresa Núques, mientras que otro decreto similar, el 500, también será tratado con prioridad por la Corte.