La participación de los niños en los conflictos no es sólo como objetivos principales de la violencia, sino también como participantes activos en esa violencia. Se ha informado que niños menores de 18 años participan en el denominado “conflicto armado interno”. Los niños son utilizados por los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y grupos poco organizados que han permeado el tejido social e institucional. Es obligación del Estado el monitoreo activo sobre los abusos de los derechos de los niños en los conflictos armados, en particular el reclutamiento de niños y prácticas conexas y el impacto de las sanciones sobre los niños. El reclutamiento por lo regular es forzoso, se amenaza a la familia o al niño, en la escuela o por las relaciones familiares. También puede darse el reclutamiento por intermedio de amigos, se ofrece seguridad y apoyo a la familia, dinero. Deseo de aventura y modelo de identificación.

Las condiciones que favorecen: son la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la ausencia de sistemas activos de cuidados, exclusión, ruptura de los vínculos familiares, fracaso escolar, ausencia de proyectos de vida, falta de oportunidades: decrecimiento económico, pobreza, falta de empleo y la misma violencia política.Es prioritario conocer de forma sistemática cuántas desapariciones de niños, niñas y adolescentes desaparecen diariamente, cuántas muertes violentas diarias de niños y adolescentes y cuántos niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por los grupos violentos, vinculados al crimen organizado. E identificar las políticas sobre cada una de estas materias.

La guerra viola todos los derechos de un niño: el derecho a la vida, el derecho a estar con la familia y la comunidad, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a ser criado y protegido. El abuso y la explotación de los niños en los conflictos armados no son inevitables; es el resultado de decisiones conscientes y deliberadas y es responsabilidad de todos Las persistentes crisis económicas, sociales y políticas han contribuido en gran medida a la desintegración del orden público, socavadas por la creciente criminalidad. Estos factores atrapan a los países en conflictos y hoy también están bajo grave presión de una economía mundial global que los empuja cada vez más hacia los márgenes de la violencia social y criminal. Los rigurosos programas de ajuste estructural prometen un crecimiento económico a largo plazo basado en el mercado, pero las demandas de recortes inmediatos en los déficits presupuestarios y el gasto público debilitan a los Estados ya frágiles, dejándolos dependientes de fuerzas y relaciones sobre las que tienen poco control.

Si bien muchos países en desarrollo han logrado avances económicos considerables en las últimas décadas, los beneficios a menudo se han distribuido de manera desigual, dejando a millones de personas luchando por sobrevivir. El colapso de gobiernos funcionales en muchos países desgarrados por luchas internas y la erosión de las estructuras de servicios esenciales han fomentado desigualdades, agravios y conflictos. Mientras que en otros países, la personalización del poder y el liderazgo y la manipulación de la etnicidad y la religión para servir a intereses personales o de grupos estrechos han tenido efectos debilitantes similares en los países en conflicto.

El desafío de convertir las buenas intenciones en cambios reales para los niños llevó al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a recomendar un estudio sobre el impacto de los conflictos armados en los niños. En su cuadragésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General adoptó por consenso la resolución A/RES/48/157, “Protección de los niños afectados por los conflictos armados”. La resolución solicitaba al Secretario General que nombrara un experto para realizar un estudio integral con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (“el Centro”) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se nombró a la Sra. Graça Machel, ex Ministra de Educación y Primera Dama de Mozambique, y se le pidió que hiciera recomendaciones en cinco áreas: (1) la participación de niños en conflictos armados; (2) el refuerzo de las medidas preventivas; (3) la relevancia y adecuación de las normas existentes; (4) las medidas necesarias para mejorar la protección de los niños afectados por conflictos armados; y (5) la promoción de la recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños afectados por conflictos armados.

El Informe de la señora Machel recomienda que debe haber capacitación especializada en derechos del niño (y códigos de conducta) para todo el personal militar, civil y de mantenimiento de la paz, de modo que comprendan sus responsabilidades legales para con todos los niños, incluida la necesidad de protegerlos de violaciones atroces de sus derechos; alienta la dramática reducción de la disponibilidad de armas pequeñas y ligeras, que sólo sirven para sostener guerras y conflictos – y cuya portabilidad es un factor importante en la facilidad con la que los niños se transforman en combatientes; cree que los niños deben ser protegidos de los efectos de las sanciones. Se destaca la necesidad de diseñar sanciones que afecten directamente los intereses y prácticas de los malhechores, en lugar de los niños y otros miembros de la población civil que tan a menudo sufren los mayores efectos negativos.

Finalmente el Artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño señala que: Los Estados Partes garantizarán que: a) Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la cadena perpetua sin posibilidad de libertad por delitos cometidos por personas menores de dieciocho años; b) Ningún niño será privado de su libertad de forma ilegal o arbitraria. El arresto, la detención o el encarcelamiento de un niño se realizará de conformidad con la ley y se utilizará únicamente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve apropiado.

Evitar que los conflictos se agraven es responsabilidad de los gobiernos nacionales y de la comunidad internacional, pero también de la sociedad civil. Los líderes, académicos y ONG, estamentos religiosos, comunitarios, a menudo han tenido éxito en la gestión y prevención de conflictos, la mediación y el desarrollo de capacidades para prevenir la violencia venga de donde venga. Esta es la gran lección del caso de las Malvinas/Los 4 de Guayaquil