Ahora sí de lleno en la campaña electoral los candidatos presidenciales y para asambleístas se esfuerzan porque sus planes de gestión sean conocidos por los ecuatorianos, se entusiasmen con los mismos, los crean posibles, los multipliquen y los voten positivamente en los comicios del 9 de febrero próximo. Sin embargo, la pregunta que surge alrededor de sus objetivos es: ¿lo lograrán? En tiempos en los que la desconfianza en los políticos casi es total, en los que la frustración popular ha tomado mucha fuerza, cómo revertir esa situación podría ser otra inquietud.

El pueblo elige con la seguridad de que ese gobierno conoce a la perfección la realidad nacional que debe enfrentar y, por consiguiente, desde el primer día y hasta el último de su mandato, su trabajo será de realizaciones que producen bienestar general, avances significativos en la calidad y condiciones de vida de toda la población. Elige con la certeza de que esos asambleístas pondrán al país y a sus habitantes por encima de cualquier interés particular y, por lo mismo, su legislación y fiscalización arrojarán resultados satisfactorios para la buena gobernabilidad y para que el Ecuador se instale sólidamente en la ruta permanente del progreso y del desarrollo.

¿Los ecuatorianos son testigos de que sus elecciones pasadas han sido las correctas? ¿Se equivocaron ellos o fueron engañados por los elegidos? ¿Esta ocasión, la del 9 de febrero -o del 13 de abril en segunda vuelta-, será diferente o igual o peor que las anteriores? Las respuestas a estas y otras interrogantes las tienen quienes aspiran al gobierno central y a la legislatura. En sus manos está la devolución a la confianza depositada por los electores. De ellos depende que todos, no sólo sus votantes, no se sientan traicionados una vez más. Bajo su responsabilidad está demostrar que no todos los políticos son ladrones y corruptos, opresores y tiranos con los más necesitados, o servidores exclusivos de poderosos intereses. Tienen la obligación de evidenciar que son gente preparada para gobernar correctamente.

Que no se crea, no obstante, que en este asunto electoral nada tiene que ver el ciudadano, porque sí tiene que ver y bastante. Le toca, por supuesto, distinguir bien entre los candidatos y determinar cuál en la presidencial y cuáles en las legislativas, es y son los que mejor convienen para beneficio del país. Ya se sabe que entre la multitud de candidaturas existen algunas con un pasado ruidoso y revelador por sus fechorías, que buscan altos cargos para sí y para otros impunidad, perdón y olvido; además de enquistarse en el poder para siempre.

El pueblo que ya ha sufrido los rigores y las penurias de gobernantes y asambleístas contrarios al goce de las libertades, que persiguen y condenan el emprendimiento privado, que promueven la lucha de clases, que son amigos del estatismo, que irrespetan la normativa legal, que fomentan la pobreza con medidas populistas, etcétera, los conoce muy bien. Entonces, ¿valdrá la pena correr el riesgo de pagar un precio demasiado alto y ofrecerles otra oportunidad? Recordar y meditar muy bien el voto es moralmente obligatorio.