Un grupo numeroso de activistas de derechos humanos, sindicalistas y representantes de organizaciones femeninas y afrodescendientes se congregó este martes, 7 de enero de 2024, frente a la Fiscalía General del Estado en Quito, clamando justicia en el caso de los cuatro niños asesinados tras ser detenidos por militares en diciembre de 2024.

Con pancartas y un altar improvisado en honor a Steven, Ismael, Josué y Saúl, los manifestantes denunciaron lo que consideran un caso emblemático de abuso de poder. Entre las consignas que coreaban se escuchaba: “No queremos venganza, queremos justicia”.

“Estos niños eran futbolistas, no terroristas”, decía una de las pancartas, en rechazo a los rumores que intentan vincular a los menores con actividades ilícitas.

Diana Astudillo, dirigente del colectivo Lilas en Acción, afirmó que el plantón busca alzar la voz contra los abusos de fuerza ejercidos por las fuerzas de seguridad en el país. “Estamos indignadas por la desaparición y asesinato de los cuatro niños”, señaló Astudillo, quien también criticó la falta de garantías de seguridad por parte del Estado.

Astudillo rechazó enérgicamente las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien calificó las denuncias de derechos humanos como una estrategia para desprestigiar a las fuerzas armadas.

“Es el Estado el que amenaza cuando debería protegernos”, añadió la activista, instando a la ciudadanía a despertar frente a los abusos de poder.

El caso de los menores

Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre tras finalizar una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, sur de Guayaquil. Fueron detenidos por una patrulla militar y nunca más se les volvió a ver con vida.

El 31 de diciembre, la Fiscalía confirmó que unas osamentas calcinadas halladas en el sector de Taura pertenecían a los menores. Este hallazgo coincidió con la vinculación de 16 militares al caso, desatando la indignación pública.

El plantón en Quito se suma a una serie de manifestaciones que buscan justicia para las familias de los niños asesinados y exigen que el Estado rinda cuentas. Organismos internacionales de derechos humanos también han comenzado a pronunciarse sobre el caso, que se perfila como uno de los más graves en el historial reciente de violaciones a los derechos humanos en Ecuador.