El asesinato de cuatro niños, detenidos por una patrulla militar en Guayaquil y posteriormente trasladados a la parroquia Taura, donde fueron hallados muertos 16 días después, sigue conmocionando al país. Fernando Bastías, abogado defensor de los familiares de las víctimas, brindó detalles importantes sobre el avance del proceso y la responsabilidad del Estado en este caso.

El proceso penal, que inicialmente se encontraba en la fase de desaparición forzada, se complica aún más con la confirmación de la muerte de los menores. Según Bastías, en caso de que se demuestre la implicación directa de los 16 militares involucrados, se sumarán cargos por ejecución extrajudicial, lo que podría modificar el curso de la investigación. No obstante, si se determina que no fueron ellos quienes ejecutaron los asesinatos, se abriría un nuevo proceso específico para esclarecer la muerte de los niños.

En su intervención, Bastías destacó que, aunque el proceso por desaparición forzada continúa, ya hay elementos suficientes para acusar al Estado por su responsabilidad en la detención y posterior muerte de los menores. La defensa de los militares, que argumenta que los niños fueron liberados “sanos y salvos”, es rechazada por el abogado, quien enfatizó que los procedimientos no fueron seguidos correctamente y que las fuerzas armadas actuaron sin control.

El abogado también subrayó que este caso no es aislado ni espontáneo. A lo largo del país, especialmente en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas, se han identificado varios casos de desaparición forzada en contextos operativos militares, donde las víctimas, por temor a represalias, no denuncian. Bastías señaló que los militares, al no seguir los protocolos establecidos, actuaron con plena confianza de que contaban con el respaldo institucional, lo que permitió la ejecución de estos actos sin consecuencias inmediatas.

Otro de los puntos tratados en la entrevista fue el testimonio de un testigo protegido que asegura haber visto a los niños desnudados y golpeados en la carretera de Taura, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía. Sin embargo, Bastías advierte que la falta de un informe oficial de detención por parte de las fuerzas armadas muestra un grave incumplimiento de los procedimientos, lo que lleva a la posible configuración de un delito de desaparición forzada.

Finalmente, Bastías hizo un llamado a la justicia para que, además de la investigación penal, se reconozca la responsabilidad política por parte del Estado. En este contexto, más de 70 organizaciones de derechos humanos y sociales han solicitado un juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlos Lofredo, por la falta de respuestas ante estos hechos. El abogado aseguró que, si el Estado continúa obstaculizando la verdad, este caso podría llegar a instancias internacionales.