En menos de dos semanas comenzará la campaña electoral presidencial y las promesas de los candidatos llegará a su máximo nivel de fantasía.

“Vamos a sacar de la pobreza a los ecuatorianos”. “Terminaremos para siempre con los apagones”. “Creáremos empleo, como nadie lo ha hecho”. “Haremos mucha obra pública”. “Le devolveremos la dignidad a los más necesitados”.

Estas son un ejemplo de las frases que escucharemos de los aspirantes a Carondelet durante estos días. Ellos desean los votos y el poder, pero las familias ecuatorianas solo quieren a alguien que pueda cumplir sus promesas electorales, para mejorar su asfixiante calidad de vida.

El Ecuador de fines del 2024 es una nación en el que el empleo formal es un lujo, en el que la seguridad ciudadana todavía debe mejorar mucho, en el que los servicios de salud son deficientes, en el que el estado invierte poco en obra pública, en el que miles emigran país cada mes y en el que ni siquiera el servicio básico de luz está garantizado.

Pero ¿qué capacidad real de gestión tendrá el nuevo gobierno ecuatoriano en el 2025, ante tantas necesidades insatisfechas? La verdad muy poca porque, simplemente, casi no habrá dinero. Veamos las cifras.

Si hacemos un promedio de la información oficial y la del Observatorio de la Política Fiscal, este 2024, el gobierno terminará debiendo entre 2.800 y 3.500 millones de dólares, que se sitúan en el rubro de cuentas por pagar.

Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el país necesitará unos 8.250 millones de dólares para sostener un presupuesto estatal anual, que estará entre los 32.000 y 35.000 millones de dólares.

Esto quiere decir que el próximo presidente de la república recibirá un país con menos ingresos y más gastos, sobre todo, porque el próximo año, el régimen no contará con el dinero de medidas temporales recaudatorias, como la condonación tributaria, el impuesto a la banca y cooperativas y la autorretención de anticipo al impuesto a la renta a las grandes empresas. Ingresos que sumaron en el 2024, casi 4.000 millones dólares.

Esto, sin tomar en cuenta que la producción petrolera sigue a la baja, que el nuevo régimen deberá pagar deuda externa y que aportes estatales a la seguridad social siguen pendientes.

La situación del 2025 de los ingresos públicos será tan grave, que, Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, dijo a diario La Hora que: “El próximo año, la situación fiscal va a ser muy grave y casi inmanejable”.

Esto que quiere decir, que durante los próximos 12 meses, el gobierno volverá a aplicar una economía de guerra. Se estima que el déficit presupuestario alcanzará los 5.000 millones de dólares con un Producto Interno Bruto de casi 126.000 millones de dólares y un crecimiento económico optimista de solo el 1,2%, según el FMI.

En este muy difícil escenario económico, el próximo año no habrá espacio para las fantasiosas ofertas de campaña, que muchos candidatos a la presidencia lanzarán estos días. El estado, otra vez, casi no tendrá capacidad de volcarse con fuerza al gasto en obra pública y a impulsar con fuerza el gasto social, que tanto se necesita.

Las familias ecuatorianas parece que vivirán un año perdido. Ante ello, nuestra obligación, como votantes, es no creer en las super ofertas electorales irreales y mentirosas.

Lo que vivimos no es justo, pero tampoco debemos caer en las promesas tramposas de los políticos para las elecciones de este 9 de febrero. Necesitamos que, cada año, el nuevo Gobierno sea más sensible, ante el dolor de las familias.