El gobierno de Venezuela ha planteado una inusual propuesta en el ámbito diplomático. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las autoridades venezolanas han condicionado la liberación de seis opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas a un acuerdo que incluye a Ecuador. La exigencia: que Argentina facilite un salvoconducto para los opositores y que Ecuador haga lo propio para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente encarcelado.

Jorge Glas cumple una condena de 8 años por corrupción relacionada con el caso Odebrecht, uno de los escándalos de sobornos más grandes de América Latina. Según las investigaciones, Glas, en su calidad de vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, habría recibido sobornos millonarios para facilitar contratos a la constructora brasileña. Este caso marcó un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Ecuador, con implicaciones de alto nivel político.

Además de esta sentencia, Glas enfrenta otros procesos judiciales por delitos similares, como peculado y cohecho. Fue detenido en 2017 y, aunque posteriormente consiguió un recurso judicial que le permitió abandonar la cárcel en 2022, fue nuevamente aprehendido en abril de 2024 tras refugiarse brevemente en la Embajada de México en Quito.

La propuesta de Venezuela: El régimen de Nicolás Maduro ha solicitado que Ecuador emita un salvoconducto que permita a Glas salir del país, en lo que sería una controvertida maniobra diplomática. Este “trueque” implicaría que Venezuela facilite la salida de los seis opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina, quienes enfrentan persecución política en su país.

Implicaciones internacionales: Esta propuesta pone de manifiesto las tensiones y desafíos de las relaciones diplomáticas en la región, donde las decisiones nacionales se ven influenciadas por intereses transnacionales. Para Ecuador, la decisión de acceder o no al pedido venezolano podría tener repercusiones en su posición política internacional y en su compromiso con la lucha contra la corrupción.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente en la negociación diplomática en América Latina, donde los intereses políticos y los derechos humanos parecen entrelazarse en una compleja trama de intereses.