La resistencia del pueblo de Archidona y, en general, de la provincia de Napo ha logrado un triunfo histórico. Tras varios días de protesta y movilización, el Gobierno central, ha anunciado la cancelación del proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad en este sector. Esta victoria representa no solo un rechazo contundente a un proyecto que habría alterado profundamente la dinámica social, sino también una reivindicación del derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio y futuro.

Archidona, hogar de alrededor de ocho mil habitantes, es un ejemplo vivo de sostenibilidad basada en el turismo ecológico y la agricultura. Durante las protestas, la comunidad manifestó su preocupación por el impacto negativo que la mega cárcel podría tener en estas actividades económicas esenciales. Además, el riesgo de que el lugar se convirtiera en un centro operativo para organizaciones criminales amplificó la oposición. La movilización no solo unió a la población local, sino que inspiró a otras provincias de la Amazonía, que expresaron su solidaridad y comenzaron a sumarse a la causa.

Este triunfo no habría sido posible sin la determinación de los dirigentes del pueblo kichwa, líderes barriales, organizaciones sociales y colectivos de mujeres. Ellos denunciaron desde el inicio que el proyecto era arbitrario, ya que se llevó a cabo sin una consulta previa, libre e informada, violando los derechos colectivos y constitucionales de los pueblos indígenas. La unidad y claridad en sus demandas dejaron claro que no aceptarían una decisión impuesta desde el Gobierno central sin respetar sus derechos ni su forma de vida.

La lucha no estuvo exenta de dolor. Durante una de las manifestaciones, Bertha Tapuy, una dirigente popular conocida por su incansable defensa de la naturaleza frente a los estragos de la minería, falleció de un ataque cardíaco. Su pérdida se convirtió en un símbolo de la resistencia y fortaleció la determinación del pueblo para honrar su legado.

La región amazónica, históricamente relegada por los Gobiernos de turno, exigió no solo el respeto a su territorio, sino también un cambio en la forma en que el Estado se relaciona con las comunidades indígenas y rurales. Proyectos como la construcción de esta cárcel han sido percibidos como nuevas formas de marginación en una región que necesita urgentemente iniciativas de desarrollo sostenible, infraestructura educativa y mejoras en salud, no imposiciones que agraven los problemas sociales.

El logro de Archidona envía un mensaje claro: la resistencia es un derecho garantizado por la Constitución, y cuando las comunidades se unen y defienden sus derechos pueden lograr cambios significativos. Este triunfo no solo beneficia a la población de Archidona, sino que también marca un precedente para otras comunidades en el país que enfrentan situaciones similares.