Cuando se habla de achicar el Estado lo que inmediatamente salta a la vista es el hecho de que lo que se quiere hacer es disminuir el número de burócratas del Estado. Generalmente son algunos grupos empresariales y ciertos aliados con poder económico los que plantean esta situación bajo el criterio de que al reducir el tamaño del Estado, se reduciría también el alcance y las funciones del gobierno en la economía y en la sociedad. Esta propuesta, vinculada a corrientes de pensamiento económico neoliberal, suele justificarse con argumentos de que con el “achique” se conseguirá eficiencia, reducción de gastos públicos y promoción del sector privado de mejor manera. Sin embargo, detrás de esta idea hay intereses económicos y políticos específicos que conviene analizar. Sintéticamente y en forma concreta plantean: a) Limitar el presupuesto destinado a áreas como educación, salud, infraestructura o programas sociales, argumentando que el Estado gasta de forma ineficiente y debe “ajustar sus finanzas. El objetivo declarado es reducir el déficit fiscal y la deuda pública. b) Transferir empresas o servicios estatales: electricidad, agua, transporte, educación, salud al sector privado con el argumento de que el sector privado puede gestionarlos de forma más eficiente y rentable. c) Desregulación de la economía expidiendo o reformando leyes y regulaciones que supuestamente limitan la actividad empresarial, como normas ambientales, laborales o fiscales, bajo la idea de que hay que eliminar “barreras” para atraer inversión y fomentar la competitividad. Específicamente, promover cambios en las leyes laborales que, según ellos, “modernicen” las relaciones de trabajo, facilitando despidos, reduciendo indemnizaciones o eliminando derechos sindicales, lo cual va aparejado a recortes en el número de empleados públicos o cierre de ministerios y organismos reguladores, con el argumento de que son “ineficientes” o “sobredimensionados”. d) reducir impuestos y cargas empresariales, exoneración de pago de multas, intereses y recargos a los deudores al Estado: menos Estado implica menos impuestos para financiar servicios públicos, lo que beneficia directamente a las grandes empresas y a los sectores más ricos. e) Limitar la capacidad redistributiva del Estado: Un Estado grande tiende a redistribuir riqueza a través de programas sociales, políticas laborales y subsidios. Reducir estas funciones beneficia a quienes tienen más recursos y buscan mantener sus privilegios. f) Concentrar poder económico: cuando el Estado abandona sectores estratégicos (como energía, transporte o telecomunicaciones), estos suelen pasar a manos de grandes corporaciones nacionales y extranjeras vinculadas a las nacionales, consolidando su control sobre la economía y, por consiguiente el control político del Estado a través de los gobiernos de turno.

Uno de los ejemplos más claros de este “achique del Estado” lo dio el ex Presidente de la República actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana Rafael Correa Delgado, cuando con la más fuerte convicción neo liberal expidió el Decreto Ejecutivo 813 el 7 de julio de 2011, violatorio de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Servicio Público, por el cual reformó el Reglamento de la esta Ley, concretamente el art. 8, con el siguiente texto: “A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo Innumerado: “Artículo…- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de restructuración, optimización o racionalización de las mismas. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho….. Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración”.

Esto es lo que se denominó la “compra de renuncia obligatoria” y es lo que permitió que miles de trabajadores públicos sean obligados a renunciar de sus puestos de trabajo, a la fuerza y en algunas instituciones con la colaboración de la fuerza pública. La Corte Constitucional en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de esta “figura” ilegal dijo que: “se violaron principios del Derecho Laboral como la estabilidad, el derecho a un debido proceso, la violación a un empleo digno, con lo que se viola flagrantemente el principio de no regresividad contemplado en el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador que textualmente dice: El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. La salida de los servidores del sector público de manera forzada proyecta en el país un gobierno de facto, extrañando derechos y garantías sociales, reduciendo los segmentos propios de un país en donde el Estado Constitucional, Social de Derechos y Justicia propugna una convivencia que gira alrededor de la dignidad humana y fomentando el buen vivir o sumak kawsay, olvidándose de que con el trabajo estable se cumple con los fines orientadores de la economía de los ecuatorianos”

En resumen, “achicar el Estado” no solo es un discurso económico, sino una estrategia para redistribuir poder y recursos a favor de ciertos sectores privilegiados.

Correa utilizó esta artimaña legal, para echar a trabajadores públicos con el fin de reemplazarlos con militantes de su agrupación política. Y esto significa millones de dólares que por el abuso y la arbitrariedad de este prófugo, el Estado tiene que pagar por las miles de demandas que se han presentado y las que se seguirán presentando, con los dineros de los ecuatorianos que pagamos impuestos. Soy contrario a este tipo de deleznables prácticas, porque echar a la calle compulsivamente a cualquier trabajador público es echar a una familia a la miseria, peor todavía en circunstancias en que en nuestro país no hay posibilidades todavía de la generación de empleo y muchos ecuatorianos, por ello, buscan insertarse en la burocracia estatal. Eso no significa que pase por alto a una burocracia ineficiente, que hace lo que le viene en gana y se burla de la ciudadanía con sus actuaciones.

Uno de los problemas graves de nuestro país, es que si uno busca obtener una información, un servicio público, un documento, una resolución, de la burocracia estatal, encuentra que es casi una misión imposible. El silencio administrativo vale un comino. Los burócratas con cierto poder pequeñito se creen intocables y en algunos casos son agresivos e insolentes. Generalmente son los de libre remoción. Todo esto tiene mucho que ver con la forma de desinstitucionalizar al Estado para estructurarlo de otra forma que convenga a los intereses de los que quieren medrar de él, especialmente a través de la contratación de obras, bienes y servicios. Hay una burocracia espesa que está inmovilizada por si mismo, inerme, sin rumbo, porque quienes en los distintos períodos la dirigieron a través de todos sus mandos – si, claro, hay excepciones – fueron menos que mediocres y sin ninguna preparación, especialmente los mandos medios. Ministros, Viceministros, Subsecretarios, Asesores de todo tipo, Coordinadores y Jefes Departamentales, que no tenían idea, de lo que debían hacer en cumplimiento de la ley, de los objetivos de las respectivas carteras de estado, de la responsabilidad de cumplir correctamente con sus funciones; pero que en los últimos días del mes se frotaban las manos por la alta remuneración que debían cobrar por no hacer nada. En la burocracia también están los peores; aquellos funcionarios que actúan dolosamente o que tuercen el mandato de las leyes o las interpretan a su antojo para no atender correctamente una petición ciudadana, o aquellos que simplemente no cumplen con las leyes y hacen todo lo contrario a lo que éstas disponen, prevalidos de que no les va a suceder nada ni que nadie se atreverá a enjuiciarlos penal y civilmente, porque para que suceda esto, el ciudadano de clase media o de los sectores populares o los pobres , tendrían que buscar un abogado y pagarle su trabajo para iniciar alguna acción judicial en contra de cualquier funcionario que no cumple con su deber. Muy pocos lo hacen.
Esa burocracia tiene que cambiar. Si un gobierno bien intencionado quiere mejorar nuestro país, tiene que capacitar permanentemente a los empleados públicos, convertirlos en elementos eficientes, productivos y diligentes; hacer de toda la burocracia un gran equipo de trabajo que se ponga la camiseta del país y que sea consciente que su aporte laboral sirve y servirá mucho para que el Ecuador vaya adelante. Es decir, un equipo de ciudadanos responsables de un destino nacional histórico, que es el destino de sus hijos, de sus nietos, de sus familias y de las generaciones futuras. Un sueño, verdad?. Si, los imposibles se pueden construir, no hay que rehuírlos.

3. Consecuencias sociales y económicas de “achicar el Estado”
   Aunque el discurso de achicar el Estado promete eficiencia y prosperidad, sus efectos suelen ser muy desiguales:
4. Deterioro de los servicios públicos:
   o La privatización o el desfinanciamiento de sectores como la salud y la educación deja a las personas más vulnerables sin acceso a servicios básicos, profundizando las desigualdades.
5. Mayor desigualdad económica:
   o Sin programas sociales ni políticas redistributivas, las brechas entre ricos y pobres tienden a ampliarse.
6. Desprotección laboral y social:
   o La flexibilización laboral y la desregulación eliminan derechos adquiridos por los trabajadores, dejando a millones en situaciones de precariedad.
7. Concentración de riqueza y poder:
   o Los sectores privados que se benefician de la reducción del Estado suelen ser grandes corporaciones, aumentando su control sobre la economía y debilitando la competencia.
8. Deslegitimación del Estado:
   o Al reducirse la presencia estatal, muchos ciudadanos perciben que el gobierno no cumple con sus funciones básicas, lo que puede alimentar el descontento y la apatía política.
9. ¿Qué está en juego realmente?
   Cuando los grupos de poder hablan de achicar el Estado, muchas veces buscan rediseñar el papel del gobierno para que sirva a sus intereses en lugar de priorizar el bienestar colectivo. Esto implica:
   • Desmantelar políticas públicas que reducen la desigualdad.
   • Limitar la capacidad del Estado para regular y fiscalizar las actividades económicas, lo que facilita prácticas monopólicas, evasión fiscal y explotación laboral.
   • Transferir bienes y servicios públicos a manos privadas, transformando derechos en negocios.
   En resumen, “achicar el Estado” no solo es un discurso económico, sino una estrategia para redistribuir poder y recursos a favor de ciertos sectores privilegiados.

Uno de los problemas graves de nuestro país, es que si uno busca obtener una información, un servicio público, una documento, una resolución, de la burocracia estatal, encuentra que es casi una misión imposible. También los funcionarios que actúan dolosamente o que tuercen el mandato de las leyes o las interpretan a su antojo para no atender correctamente una petición ciudadana, o aquellos que simplemente no cumplen con las leyes y hacen todo lo contrario a lo que mandan las leyes, prevalidos de que no les va a suceder nada ni que nadie se atreverá a enjuiciarlos penal y civilmente, porque para que suceda esto, el ciudadano de clase media o de los sectores populares o los pobres , tendrían que buscar un abogado y pagarle su trabajo para iniciar alguna acción judicial en contra de cualquier funcionario que no cumple con su deber.