Este sábado, como parte del proceso de enjuiciamiento político contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas, se desarrollaron las comparecencias de la interpelante, Ana Herrera, y el denunciado. Ambos presentaron sus respectivas pruebas en el marco del trámite establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Herrera destacó que las autoridades deben actuar dentro de los límites que impone la Constitución y argumentó que Guarderas habría incurrido en varias irregularidades, entre las cuales se encuentran:

• Violación del debido proceso.
• Presunto tráfico de influencias para manipular procesos judiciales.
• Falsificación de la firma de un abogado.
• Abuso de poder, incumpliendo su deber de reserva y protección.

Herrera enfatizó que las pruebas aportadas deben ser consideradas integralmente, ya que, según ella, revelan conductas contrarias a los principios constitucionales.

El consejero rechazó las acusaciones y alegó que no se le garantizaron condiciones equitativas para presentar sus pruebas y ejercer su defensa de manera adecuada. Refutó específicamente la acusación de falsificación de firma y pidió que cualquier evidencia sobre este hecho sea denunciada en la Fiscalía.

Además, calificó el proceso como un “intento político” para desacreditar sus acciones enfocadas en combatir actos contrarios a la Constitución y la Ley. Guarderas afirmó que no existe evidencia que demuestre que haya influido o manipulado procesos judiciales.

La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, informó que el trámite se ha desarrollado conforme a los procedimientos legales y que se convocará dentro de los plazos establecidos para la presentación y aprobación del informe final.

El informe determinará si procede o no llevar el caso al pleno de la Asamblea Nacional para que esta tome una decisión sobre el enjuiciamiento del consejero Guarderas.