El embarazo en adolescentes es una problemática de salud pública en la región de América Latina y el Caribe.  Esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de África Subsahariana, según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana, como lo indica el Informe del Estado Mundial de Población (2013). Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2013 se presentaron 961 denuncias de violación contra niñas menores de 14 años, siendo este un grupo doblemente vulnerable ya que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto.

De acuerdo con el Censo 2010, el 20,5% de la población nacional es adolescente; de los cuales el 10,6% entre 10 a 14 años y, el 9,8% entre 15 a 19 años. El 49% de adolescentes son mujeres y 51% son hombres; 60,6% reside en áreas urbanas el 39,4% en áreas rurales.

Cuatro de cada diez adolescentes de áreas urbanas y ocho de cada diez de áreas rurales son pobres, medida por necesidades básicas insatisfechas (NBIs); y cerca de la mitad viven en condiciones de extrema pobreza.

Dos de cada tres adolescentes entre 15 y 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. La tendencia del incremento del embarazo en menores de 15 años en la última década es del 74% y en mayores de 15 años de 9%. La fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión Andina, con una tasa de 100 por cada mil mujeres.

Entre 2013 y 2016, 8.677 niñas menores de 14 años fueron madres, sin embargo, apenas se realizaron 232 consultas preventivas en el sistema de salud. De acuerdo con los parámetros de identificación médica y legal, estos embarazos fueron producto de violaciones. La gran mayoría de estas niñas no recibió atención como víctimas de violencia de género. Se debe considerar que las cifras se refieren únicamente a las niñas que, en efecto, tuvieron partos de hijas o hijos vivos. No se consideran aquellas que las o los perdieron o a aquellas que murieron al parir.

El embarazo en niñas y adolescentes es un importante problema social y de salud pública, a nivel global y especialmente en la Subregión Andina, que conlleva un impacto social, económico y cultural, debido a los vínculos entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana.

En el marco de las políticas públicas el embarazo adolescente es una problemática de desigualdad social y una violación de derechos humanos. El embarazo en este grupo etario está directamente relacionado con varias formas de violencia basada en género, entre ellas la violencia sexual.

Al respecto, el estudio Patrones de Violencia hacia las Niñas en el Ecuador, realizado en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar y Pichincha (Plan Internacional – USFQ), da cuenta que el 76.3% de las madres de familia considera que las niñas no tienen suficientes conocimientos de lo que es la violencia sexual y un 82.5% cree que las niñas no pueden evitar ser víctimas de este tipo de violencia. Este estudio señala que el 82.2% de las madres entrevistadas no conoce las diferentes formas de denuncia si se produjese un caso de agresión en su entorno.

El costo total estimado de omisión de servicios en salud sexual y salud reproductiva, que incluye la posibilidad de acceso a la información, ascendió en el 2015 en Ecuador a $472.9mdd. Satisfacer las necesidades de planificación en su totalidad representa un costo estimado de $26.70mdd, es decir se trata de una inversión con la que se prevendrían embarazos no intencionados y sus costos asociados. El costo médico de atención de embarazos no intencionados ascendió a $67.84 mdd. De estos, $14.34mdd corresponden a embarazos no intencionados en adolescentes (Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador UNFPA – MSP).

El costo social del embarazo no intencionado en adolescentes ascendió a $316.73mdd y corresponde a la pérdida de ingresos futuros dado el abandono escolar. El costo estimado de universalizar la cobertura de planificación familiar a la población con necesidad insatisfecha al año 2017 oscila entre $44.9 millones de dólares y 73.7millones de dólares anuales (Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador UNFPA – MSP).

El embarazo en niñas y adolescentes impide el desarrollo de sus proyectos de vida al limitar la posibilidad de ejercer su derecho a la educación, al trabajo y en suma a un nivel de vida digna. Cuando una adolescente no puede gozar de sus derechos básicos, se vuelve más propensa a quedar nuevamente embarazada.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multicausal que requiere políticas en prevención y atención integral.

En las adolescentes de 15 a 19 años los determinantes se relacionan con condiciones de pobreza, estar fuera del sistema escolar, tener relaciones sexuales sin uso sistemático y/o adecuado de métodos anticonceptivos. El embarazo en este grupo etario está directamente relacionado con varias formas de violencia basada en género, entre ellas la violencia sexual.