Organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente de Ecuador han interpuesto una acción de protección contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), acusando al organismo de haber cometido un “etnocidio estadístico” durante el censo nacional de 2022.

Según los líderes de estas organizaciones, solo el 4,8 % de la población se identificó como afrodescendiente, una cifra que consideran subrepresentativa de su comunidad, estimada en más de 814,000 personas.

Este recurso legal busca invalidar los resultados del censo, al considerar que se vulneran derechos fundamentales como la identidad, igualdad y la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano.

Diversos colectivos, como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), acompañan la demanda, subrayando que los datos generaron una “gran omisión censal”. También se destaca que la población afroecuatoriana en 2022 habría disminuido en 227,091 personas en comparación con el censo de 2010.

La respuesta de los colectivos incluye la exigencia de un nuevo censo o una revisión de los resultados, y aseguran que llevarán el caso hasta las instancias internacionales si es necesario.