En una entrevista realizada en el programa Vera A Su Manera, el secretario de Integridad Pública y director encargado de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), José Julio Neira, expuso la importancia de la Ley Antipillos, actualmente archivada, en el combate al lavado de activos en Ecuador. Esta normativa ha sido señalada como una herramienta clave para prevenir y enfrentar delitos financieros que afectan al país.
Según Neira, el archivo de la ley por parte de la Asamblea Nacional representa un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado. El funcionario explicó que esta normativa incluye disposiciones innovadoras, como la introducción de medidas cautelares preventivas alineadas con las recomendaciones internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Estas medidas permitirían congelar fondos sospechosos de lavado de dinero, fortaleciendo así la capacidad operativa de la UAFE.
Tres principales focos del lavado de activos en Ecuador
Neira destacó que, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, los principales sectores utilizados para el lavado de dinero en Ecuador son el narcotráfico, la minería ilegal y el comercio de vehículos usados. Este último sector representa el triple de transacciones en comparación con concesionarios de autos nuevos, lo que lo convierte en un área de alto riesgo.
“La venta de vehículos usados es un mecanismo utilizado frecuentemente para blanquear dinero, debido a la falta de controles en el origen de los fondos empleados en estas transacciones”, señaló Neira. Además, enfatizó que la ley buscaba convertir a los patios de vehículos usados en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, con la intención de aumentar la trazabilidad de las transacciones.
Fortalecimiento institucional y medidas de control
En su intervención, Neira subrayó el esfuerzo por depurar y profesionalizar la UAFE. Entre las acciones implementadas, mencionó auditorías patrimoniales a los empleados, pruebas de confianza con polígrafo, y un cruce de información entre sistemas internos y datos proporcionados por los sujetos obligados.
“Mi prioridad es la depuración total de la UAFE, asegurándome de que quienes trabajen allí lo hagan con transparencia y compromiso con la seguridad financiera del país”, aseguró.
Neira también destacó que el bajo presupuesto asignado a la institución (1,8 millones de dólares anuales) limita su capacidad operativa, aunque mencionó que se están gestionando recursos adicionales de organismos internacionales, como el Banco Mundial, para modernizar los sistemas tecnológicos de la UAFE.
Un futuro incierto
El archivo de la Ley Antipillos ha generado un debate jurídico y político, con posturas divididas entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Mientras que el Ejecutivo sostiene que la ley podría entrar en vigencia por ministerio de la ley, desde la Asamblea se advierte que esa acción sería ilegal y dictatorial.
Neira concluyó reafirmando su compromiso con la agenda del presidente Daniel Noboa y su intención de continuar liderando esfuerzos para fortalecer la institucionalidad en la lucha contra el lavado de activos, a pesar de las críticas y obstáculos que enfrenta.
La discusión sobre la Ley Antipillos promete mantenerse como un tema clave en la política nacional, siendo esencial para determinar la capacidad del país de enfrentar los desafíos del crimen organizado y la corrupción.
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