No hay duda de que nuestros problemas provienen de la severa ignorancia de la clase política sobre la ciencia del Derecho. El más reciente ejemplo, es el dizque ‘archivo’ del proyecto de ley que combate el lavado de activos. 

De remate no solo lo archivaron, sino que la enviaron al Registro Oficial para su publicación.  Creen que así queda ‘blindada’ la posibilidad de que el Ejecutivo lo envíe al R.O. para su entrada en vigencia, al no haber sido aprobado, modificado o negado por la Asamblea en el plazo de 30 días, lo que ocasiona que pase por el ministerio de la ley.       

La respuesta al problema se encuentra en el principio de ‘supremacía constitucional’, que dispone: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. 

¿Clarísimo, no? 

Porque si la Constitución dice que las leyes se tratan en 2 debates, [art. 137], ahí terminó la discusión. Jamás se debió descender a analizar lo que dice la ley, pues es improcedente cualquier disquisición sobre la normativa infra constitucional opuesta a la Constitución. No se puede interrumpir el tratamiento de un proyecto de ley.   

-Pero es que el art. 60 de la ley permite el archivo. -Es inconstitucional, pues la Constitución prevalece sobre la ley. Y no es un tema discutible: no cabe argumento alguno sobre lo que diga la ley. Ni procede la interpretación ni la aclaración de la Corte, pues es un tema de simple aplicación de la Constitución. Eso es lo que le confiere la certeza: la aplicación de la norma. La certeza de que el presidente la aplicará sin andar consultándoselo a nadie. 

Porque es el presidente quien hace cumplir la Constitución en el ámbito de sus competencias [art. 147.1]. Y su competencia -en cuanto concierne al tratamiento de las leyes- es “sancionar los proyectos de ley”. No es opcional, está obligado a enviar el proyecto al RO para su entrada en vigencia.  

Por eso -si no saben- mejor no aclaren… que oscurecen.