La tentación de adelantar la precampaña electoral ya está en marcha desde diversos frentes. Es más, el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que la campaña oficial para las elecciones presidenciales de 2025 comenzará el 5 de enero de ese año. Sin embargo, el proselitismo ya lleva meses activo, especialmente en las redes sociales.

La intensidad del debate digital y el incremento de la publicidad pagada son evidentes. Diario Expreso reveló cifras de la Biblioteca de Anuncios de Meta (que incluye Facebook e Instagram), en los últimos 30 días, perfiles como el del presidente Daniel Noboa, Presidencia del Ecuador, Francesco Tabacchi, Henry Kronfle, Henry Cucalón, Revolución Ciudadana, y, el recientemente inhabilitado Jan Topic, figuran entre los que más han invertido en publicidad digital.

Un monitoreo adicional de plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok muestra que los 16 binomios en contienda están haciendo campaña en redes sociales. No obstante, el control de este tipo de actividades sigue sin regulación específica, dejando, como siempre, un vacío preocupante del marco legal.

El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de responder a las necesidades democráticas del país. Sin embargo, es evidente que persisten vacíos legales y una falta de normativa clara para garantizar la transparencia en la actividad política y electoral.

Y, aunque el artículo 268 del Código de la Democracia cataloga la campaña anticipada como una infracción grave, las etapas del proceso electoral no están adecuadamente reglamentadas. Este artículo establece sanciones que van desde multas de 11 a 20 salarios básicos unificados hasta la suspensión de derechos de participación por períodos de seis meses a dos años. Pero, como demuestran las actividades en redes sociales, la conducta generalizada es adelantarse a las fechas establecidas, con poca o nula repercusión.

¿Por lo tanto, apreciados lectores, la falta de voluntad política para regular y fiscalizar la precampaña ha convertido el proceso electoral en una “ley de la selva”?

Sin reglas claras, los actores políticos aprovechan los vacíos legales para posicionarse, a menudo utilizando recursos financieros que no son declarados, ya que se encuentran fuera del período oficial de campaña.

Ante este panorama, es fundamental que el CNE regule y cumpla con sus facultades establecidas en la Constitución y el Código de la Democracia para reglamentar las actividades relacionadas con la propaganda política y electoral.
Como ciudadanos, debemos exigir:

• Una definición clara de qué constituye campaña anticipada y precampaña.
• La delimitación de lo que está permitido y prohibido para los actores políticos en cada etapa.
• La regulación estricta de cualquier aparición pública que pueda interpretarse como acto de campaña.

Lo más preocupante no es solo el incumplimiento normativo, sino la competencia desleal que implica el uso de recursos no registrados, lo que pone en desventaja a otros actores políticos y afecta la equidad del proceso electoral.

El control y la sanción de estas irregularidades no solo son una responsabilidad del CNE, sino también una demanda ciudadana. En una democracia, las reglas claras y su cumplimiento son fundamentales para garantizar procesos transparentes.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que las sanciones llegarán a tiempo? ¿O seguiremos viendo cómo la falta de control alimenta el descontento ciudadano?