La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de presunto peculado en la “Reconstrucción de Manabí,” que involucra al exvicepresidente Jorge Glas, fue nuevamente aplazada. Esta vez, el juez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió diferir la sesión para el 11 de diciembre de 2024, tras la presentación de un certificado médico por parte de la defensa del acusado.

La audiencia, originalmente convocada el 28 de mayo de 2024, ha sido diferida en ocho ocasiones. En esta oportunidad, la abogada de Glas entregó un documento médico fechado el 2 de diciembre que diagnosticó al exvicepresidente con pielonefritis crónica e insuficiencia renal aguda, lo que justificaba dos días de reposo. Dicho certificado, emitido en Santo Domingo de los Tsáchilas, fue cuestionado por la fiscal general, Diana Salazar, quien participó en la audiencia de forma telemática.

Salazar señaló que el certificado era una copia simple y no provenía de la red de salud pública del país, calificando la acción como una táctica dilatoria que perjudica la celeridad procesal. La fiscal pidió que el defensor público asumiera el patrocinio de Glas para evitar su indefensión, pero el defensor solicitó tiempo para revisar el expediente, lo que llevó al juez Inga a reprogramar la sesión.

El proceso investiga un presunto “sistema de abuso de recursos estatales” relacionado con contratos firmados tras el terremoto de 2016, como la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, adjudicado por más de $68 millones. También se incluyen obras como el Parque Las Vegas en Portoviejo.

Jorge Glas, quien lideraba el Comité para la Reconstrucción, es señalado como presunto autor del delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con penas de 10 a 13 años de prisión.

En enero de 2024, se emitió una orden de prisión preventiva contra Glas. El exvicepresidente buscó refugio en la embajada de México en Quito, pero fue capturado en abril tras un operativo de la Policía Nacional y trasladado a la cárcel La Roca en Guayaquil.

Este caso también involucra a otros exfuncionarios, como Walter Solís, exministro refugiado en México; Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción; y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.