La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones del Ecuador. Esta normativa beneficiará directa e indirectamente a más de 300.000 familias que mantienen deudas con la banca pública y privada del país. 

El proyecto de ley incluye medidas como la prestación del seguro de desempleo para quienes registren un aviso de salida laboral tras haber perdido su empleo entre noviembre y diciembre de 2024, así como entre enero y febrero de 2025. Dichos beneficiarios podrán acceder al seguro de desempleo en un plazo de 10 días, agilizando significativamente un proceso que actualmente toma más tiempo. Asimismo, se establece que, mientras persista la emergencia eléctrica, no se permitirá el aumento en los cánones de arrendamiento. 

Adicionalmente, se otorgará facultades al Servicio de Rentas Internas (SRI) para financiar el pago de obligaciones en mora hasta el 31 de diciembre de 2024. En línea con las propuestas de varios asambleístas, la normativa permitirá un nuevo refinanciamiento de los créditos hipotecarios mantenidos con el BIESS que hayan sido previamente reestructurados y estén en mora. También se contemplan medidas de alivio financiero para los créditos educativos de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. 

El texto también establece un mecanismo de cruce de cuentas entre las deudas de los gobiernos autónomos descentralizados y el Banco del Estado, con el objetivo de aliviar las finanzas de los gobiernos locales. Además, las maquinarias y otros insumos incautados en operativos contra la minería ilegal serán destinados a cubrir necesidades de vialidad e infraestructura, evitando su destrucción. 

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión Legislativa, destacó que el informe recoge las propuestas planteadas por las diferentes bancadas durante el primer debate y las observaciones enviadas por escrito a la mesa legislativa. Según Centeno, el objetivo de la normativa es dotar a la ciudadanía de herramientas para superar la crisis derivada de la emergencia eléctrica. 

Finalmente, entre las observaciones incluidas se encuentra una disposición para dar solución a los deudores de la banca cerrada. El informe será remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional y se espera que sea tratado esta semana en el Pleno del Parlamento.