La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una controvertida ley que impone severas sanciones a quienes expresen su apoyo a las sanciones internacionales contra el país.

La denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela contempla penas de hasta 30 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años. Además, establece la confiscación de propiedades de quienes promuevan o respalden las medidas punitivas internacionales.

El objetivo de la ley es, según el texto aprobado, “proteger al pueblo contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras” que apoyen las sanciones, las cuales han sido reforzadas recientemente por Estados Unidos.

Además, la ley estipula sanciones para los medios de comunicación que difundan propaganda a favor de las sanciones, incluyendo la revocatoria de concesiones y multas millonarias.

Durante la aprobación, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, reafirmó la postura del gobierno frente a las agresiones externas, mientras que figuras del chavismo, como Diosdado Cabello, reconocieron la dureza de la medida, calificada como “muy severa”. En tanto, la líder opositora María Corina Machado rechazó la ley, considerándola una medida de represión.

Este desarrollo ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que ha impuesto nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, acusados de fraude electoral y represión de protestas.