Como parte del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, en abril de 2025 deben ser nombrados tres nuevos jueces y juezas del máximo órgano de justicia constitucional del país. Sin embargo, este proceso ha recibido varias críticas debido a la integración de la Comisión Calificadora.

Estos cuestionamientos surgen porque uno de los miembros de dicha comisión, Fernando Yávar, es muy cercano al Presidente de la República, Daniel Novoa. Esto pone en entredicho la garantía de independencia judicial en el proceso de renovación, abriendo la puerta a la posible intervención de otros poderes del Estado en la toma de decisiones de este organismo.

El principio de independencia judicial es un pilar fundamental en un Estado de derechos y justicia. La inclusión del señor Yávar en la Comisión Calificadora refleja el incumplimiento de los estándares requeridos para los procesos de designación y renovación de jueces constitucionales, además de la inobservancia de instrumentos internacionales como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas y los Principios de Bangalore, entre otros.

En este contexto, es innegable que, al ser el comisionado Yávar abogado personal del Presidente de la República y haber representado a la ministra Mónica Palencia en el juicio político llevado a cabo por la Asamblea Nacional meses atrás, existe un evidente conflicto de intereses. Este vínculo compromete la independencia y la imparcialidad del proceso, vulnerando los principios de probidad y objetividad que deben regir en este tipo de concursos.

A todo esto, se suma que la figura de Yávar genera controversia debido a su historial en la administración de justicia, marcado por severos cuestionamientos relacionados con presuntos sobreprecios en la construcción de sedes judiciales durante su gestión al frente del Consejo de la Judicatura en 2011, así como por su involucramiento en el polémico caso conocido como “Chucky Seven”.

No debemos olvidar que la administración de justicia enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por los intereses del crimen organizado y el narcotráfico. Cabe recordar que dos concursos para la renovación de la Corte Nacional de Justicia fueron declarados nulos debido a irregularidades detectadas en diferentes etapas. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de evitar que anomalías similares se reproduzcan en el concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional, pues ello continuaría debilitando la institucionalidad del país.

Un proceso de renovación bajo estas condiciones tendría un impacto significativo en la legitimidad de la Corte Constitucional y en la confianza ciudadana. Por ello, el señor Fernando Yávar debe actuar de manera consecuente con los intereses del país y, ante el rechazo ciudadano, presentar su renuncia.