La resolución del Ministerio de Trabajo de suspender en sus funciones, por 150 días, a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, además de atentar contra el orden constitucional, representa la cúspide de una espiral de violencia política ejercida en su contra desde el inicio del mandato. Si bien los motivos de la ruptura de relaciones entre Daniel Noboa y Verónica Abad nunca fueron revelados a la ciudadanía, estas desavenencias derivaron indudablemente en agresiones hacia la vicepresidenta. 

El Código de la Democracia, en su artículo 280, define la violencia política contra las mujeres como aquella destinada a suspender, acortar, impedir o restringir el accionar o ejercicio de las funciones propias de su cargo, incluyendo la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades. 

En este contexto, es evidente que el presidente Daniel Noboa, al enviar a la vicepresidenta a Israel como Embajadora Plenipotenciaria, buscaba distraerla de las funciones que podría haber desempeñado en el país. Esta decisión se agravó cuando se le impuso como “jefa inmediata” a la ministra de Relaciones Exteriores, quien, entre otras acciones, le prohibió dar declaraciones a los medios de comunicación y la obligó a supeditarse a disposiciones de dicho ministerio, restringiendo su accionar como vicepresidenta. 

¿Por qué hablamos de misoginia estatal? Porque los casos en los que el presidente Daniel Noboa ha utilizado el aparato estatal para perseguir y coartar la voz de mujeres que lo han cuestionado no se limitan a la vicepresidenta. 

Uno de estos casos es el de la periodista Sol Borja, quien, en el programa Los Irreverentes, confrontó a Noboa —entonces candidato presidencial— por las denuncias de violencia hechas públicas por su exesposa y madre de su primera hija. Como consecuencia, dicho programa fue cerrado, aparentemente, por presión del primer mandatario. 

Otro caso es el de la exministra de Energía Andrea Arrobo, denunciada por el régimen ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de sabotaje. Arrobo habría advertido al presidente y a varios miembros del gabinete sobre la inminencia de la crisis energética y la necesidad de medidas urgentes. Sin embargo, Noboa rechazó estas recomendaciones para no afectar los resultados de la consulta popular que se desarrollaba en ese momento. 

El hecho más reciente de violencia política involucra a María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria, quien, como representante gremial, enfatizó en la necesidad de una coordinación efectiva con el Ejecutivo y de recibir información clara sobre la crisis energética. Jervis fue vetada de la cena de clausura de la Cumbre Iberoamericana, a pesar de haber sido invitada a su inauguración. 

A estos hechos se suman las expresiones machistas de Noboa en la provincia de Esmeraldas, donde declaró: “Tenemos el vigor de carpintero, por lo menos tres palos pegamos”. Estas expresiones no solo generaron críticas, sino que afectaron directamente a su esposa, quien fue objeto de burlas y comentarios misóginos en redes sociales. Una vez más, las acciones de Noboa terminaron perjudicando a una mujer, esta vez su propia pareja. 

Noboa está muy cerca de lo que significó la figura del expresidente Rafael Correa, cuyas acciones denigraban a las mujeres que participaban en política, a periodistas y a quienes lideraban la lucha social en el país. Estas conductas no solo las desacreditaban, sino que exacerbaban la violencia en su contra. 

Por todo esto, no podemos quedarnos calladas. Es necesario enfrentar estas acciones que, tristemente, se han convertido en una política de Estado.