La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se encuentra en la recta final de su embarazo y próximamente se ausentará de sus funciones para acogerse a su licencia de maternidad, conforme lo establece la ley. Desde mediados de octubre de 2024, Salazar no ha hecho apariciones públicas, lo que ha generado interrogantes sobre la continuidad de casos emblemáticos como Metástasis.

En mayo de este año, Salazar anunció a través de un video en redes sociales que esperaba a su segunda hija, noticia que marcó un giro en su gestión. Este anuncio tuvo repercusiones políticas, ya que detuvo el proceso de juicio político impulsado por sectores del correísmo en la Asamblea Nacional, que buscaban su destitución.

Licencia y gestión temporal

Aunque la Fiscalía ha señalado que actualmente la fiscal general tiene una licencia cuya naturaleza no ha sido detallada, se ha confirmado que el embarazo ha sido considerado de alto riesgo. Se prevé que el parto ocurra entre diciembre y enero. Una vez que Salazar inicie su licencia de maternidad remunerada, será reemplazada por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en cumplimiento del artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Esta licencia, según la Ley Orgánica de Derecho al Cuidado, otorga tres meses de descanso remunerado a las madres trabajadoras, con la posibilidad de extenderse de forma voluntaria y sin remuneración por hasta 15 meses adicionales. Además, la normativa contempla un período de lactancia de 15 meses, durante el cual las madres pueden disponer de dos horas diarias para cuidar a sus bebés.

Contexto político y cierre de gestión

Diana Salazar culminará su período como fiscal general en abril de 2025. A medida que se acerca esta fecha, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá designar a su sucesor. Mientras tanto, la atención está centrada en cómo se gestionarán casos clave y en los desafíos que enfrentará el fiscal subrogante durante la ausencia temporal de Salazar.

El manejo de casos como Metástasis, considerado uno de los más importantes de su administración, será una prueba clave para la Fiscalía en este período de transición.