Ecuador atraviesa una de las crisis más complejas de su historia reciente, marcada por racionamientos de energía de hasta 14 horas diarias y una creciente ola de violencia relacionada con el crimen organizado.

Las secuelas de esta combinación de crisis se sienten a lo largo del país, afectando tanto la economía como la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Liz Orozco, residente de Guayaquil, describe su nueva rutina como una pesadilla: “Caminar sola es horrible, he visto robos”, menciona a BBC Mundo, refiriéndose a la peligrosidad de Durán, la ciudad vecina de Guayaquil, considerada una de las más peligrosas del mundo.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la violencia, las muertes violentas en Durán superaban las 400 hasta octubre de 2024, según datos de InSight Crime, lo que refleja un aumento del 59% en comparación con 2023.

Este escenario de inseguridad se ve empeorado por los racionamientos de energía que comenzaron el 18 de septiembre, obligando a los ecuatorianos a lidiar con cortes diarios de hasta 14 horas.

Liz, como muchos otros, se ve obligada a hacer frente a la “crisis de gestión” del sistema energético del país, un problema que los expertos señalan como estructural y no solo por la falta de lluvias.

Un déficit energético y su impacto en la economía

La crisis energética de Ecuador se debe, en gran parte, a un déficit de 1.080 megavatios, lo que representa un 20% de la capacidad de generación del país.

Según el experto Jorge Luis Hidalgo, este problema no se resolverá a corto plazo, ya que la dependencia del país de las hidroeléctricas (90% de su energía) es insostenible, especialmente en años de sequía.

Hidalgo propone una diversificación de las fuentes de energía, sugiriendo que Ecuador tiene un gran potencial en energía solar, geotérmica y eólica, además de biomasa y gas natural.

Sin embargo, la “mala gestión” del sector energético sigue siendo un obstáculo para la solución de la crisis.

La resiliencia de los ecuatorianos frente al caos

A pesar de los desafíos, los ciudadanos han tenido que adaptarse. En Guayaquil, empresas como la de Liz Orozco han instalado generadores diésel para garantizar la operación durante los apagones.

Sin embargo, esta solución viene con un alto costo, ya que los generadores requieren un gasto semanal de US$8,000 en diésel y mantenimiento mensual de hasta US$550, lo que incrementa considerablemente los costos de operación.

El sector de la construcción, que experimentó una caída del 17% en el primer semestre de 2024, es uno de los más afectados.

Además, la Cámara de Comercio de Quito ha reportado pérdidas de hasta US$7,500 millones en los últimos dos meses, afectando tanto la industria como el comercio, lo que ha resultado en despidos masivos.

La crisis también afecta la salud y el tráfico

El impacto de los cortes de energía va más allá del bolsillo. Pacientes como Fabricio Palma, quien se somete a diálisis, han visto su tratamiento afectado, con sesiones reducidas a tres horas en lugar de las cuatro acostumbradas, lo que pone en riesgo su salud.

Además, los agentes de tránsito en Guayaquil han tenido que lidiar con el caos vehicular generado por la falta de semáforos, un problema físico y emocional para quienes intentan regular el tráfico sin la tecnología adecuada.

Para las familias como la de Allen Panchana y Daniela Sangurima, los apagones han alterado por completo su vida diaria.

“Volver al siglo XVIII”, dicen a BBC Mundo al describir cómo se ven obligados a usar agua en jarra y cocinar sin energía.

Los niños, acostumbrados a una rutina de actividades, también han experimentado el estrés generado por la falta de electricidad, que afecta su descanso y bienestar.

La respuesta del gobierno: ¿tarde y desigual?

El gobierno de Daniel Noboa ha enfrentado críticas por la tardanza de las medidas tomadas para mitigar la crisis.

Inés Manzano, la actual ministra de Energía, ha prometido soluciones a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas soluciones han llegado tarde y de manera desigual.

Mientras tanto, en el país aumentan las voces que llaman a la movilización en rechazo tanto a la gestión energética como a las políticas de seguridad.

La crisis energética, combinada con la creciente violencia, ha dejado a los ecuatorianos buscando soluciones mientras enfrentan un panorama cada vez más incierto.