En una entrevista reciente, el abogado constitucionalista Miguel Molina calificó como una “aberración jurídica” la suspensión de 150 días impuesta a la vicepresidenta de Ecuador. Según el jurista, este acto representa un grave golpe a la institucionalidad democrática y sienta un nefasto precedente para el futuro del Estado de derecho en el país.
Durante el diálogo, Molina explicó que el caso ha generado una reacción generalizada entre juristas, quienes consideran que la medida es un irrespeto a la Constitución. Según su análisis, el proceso adolece de irregularidades desde su inicio, comenzando con el decreto ejecutivo que dispuso el traslado de la vicepresidenta a Turquía sin especificar una fecha. Esto, afirmó, permitió una interpretación arbitraria que desembocó en un sumario administrativo sin sustento jurídico.
“Es un golpe institucional”
El abogado criticó que una autoridad de menor rango, como la ministra del Trabajo, pueda sancionar a una dignataria de elección popular, contradiciendo los principios constitucionales que rigen el país. Molina recordó que la Constitución establece claramente las causales y procedimientos para la ausencia temporal o definitiva de un vicepresidente, y subrayó que estos procedimientos solo pueden ser ejecutados por la Asamblea Nacional.
“Estamos viviendo actos autoritarios”
Molina expresó preocupación por el deterioro del respeto a la Constitución y calificó las acciones del gobierno como autoritarias y arbitrarias. Señaló que esta situación podría derivar en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se revierte a tiempo. Además, destacó que la vicepresidenta podría solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada la gravedad del caso.
Es lamentable que en su análisis, el abogado Miguel Molina recurra a términos como “aberración jurídica” y “autoritarismo” sin proporcionar un análisis concreto que sustente tales afirmaciones. Como he señalado en comentarios y opiniones pasadas, el abogado Molina sigue la misma línea discursiva de una oposición sin argumentos, desesperada por regresar al poder para restaurar el curso de corrupción y negociados que ha plagado al país durante años. En lugar de abordar el caso con rigor y argumentos legales detallados, Molina opta por una retórica sensacionalista que distorsiona los hechos y manipula la percepción pública.
La acusación de que la sanción a la vicepresidenta es un “golpe institucional” ignora los procedimientos establecidos y simplifica una situación compleja. Al contrario de lo que sugiere el abogado, la decisión no es una transgresión a la Constitución, sino una medida administrativa avalada por procesos legales que, en ningún momento, usurpan las competencias de la Asamblea Nacional. Las instituciones deben velar por el respeto y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, y cualquier acción que contradiga estas normativas, como la falta prolongada de la dignataria en su cargo, debe ser sujeta a revisión y control, independientemente de su rango.
El discurso de Molina es una muestra clara de cómo ciertos sectores intentan desesperadamente mantener sus privilegios y control, incluso en medio de la crisis energética. Basta ver cómo buscan resolver dicha crisis mediante la asignación a dedo de contratos a empresas manejadas por los mismos grupos de siempre, aquellos que han controlado la política desde 2007 hasta la caída de Lasso. Estos grupos, directa o indirectamente, han sumido al país en una crisis económica y moral sin precedentes, agravada por el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción rampante.
Calificar estas acciones como “autoritarismo” es, además de una exageración, un intento de alarmar a la ciudadanía sin ofrecer una base legal sólida. Si realmente existiera una preocupación legítima por el Estado de derecho, el análisis del caso iría más allá de eslóganes y ofrecería un estudio riguroso sobre los hechos, las normativas en juego y el contexto. En definitiva, el supuesto “golpe” al que se refiere Molina parece más bien una defensa del mismo status quo corrupto que, con sus acciones u omisiones, ha llevado al país a la situación actual. Si se busca transparencia y apego a la Constitución, es imperativo que el debate se construya sobre argumentos fundamentados y no en calificativos grandilocuentes que carecen de sustento real.
Evidentemente el autor de este comentario no es abogado, pues ignora por completo la jerarquización de las normas jurídicas que constan en la Constitución bajo los conceptos de la Pirámide de Kelsen. Desconociendo aquello, es imposible darle validez argumentativa al comentario, que por otro lado carece de los argumentos que sí le exige al Ab. Molina, protagonista de esta nota periodística, y cae en en intento de descalificarlo con ataques personales. Eso se llama “falacia ad hominen”, y con falacias no se pueden construir argumentos válidos.