La decisión del Ministerio de Trabajo de suspender a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días, sin sueldo, ha generado una serie de reacciones y posibles acciones legales y políticas que se desarrollarán en los próximos días. Al menos tres frentes se han abierto: la Asamblea Nacional, partidos políticos y la defensa de Abad.

En el Legislativo, la presidenta Viviana Veloz (Revolución Ciudadana) convocó a la Sesión 963 para continuar con el debate sobre la solicitud de fiscalización de las ministras de Trabajo y Relaciones Exteriores, Ivonne Núñez y Gabriela Somerfeld, enviada por Abad.

En este contexto, se analiza la posibilidad de rechazar el sumario administrativo que ha sido considerado “erróneo” y “ilegal” por parte de varios sectores políticos.

El Partido Social Cristiano (PSC), junto con Construye y Revolución Ciudadana, ha subrayado que solo el Parlamento tiene la facultad de cesar a la vicepresidenta.

Otto Vera, vicepresidente del Parlamento, explicó que el Ministerio de Trabajo no está facultado para sancionar a la segunda mandataria, pues la Ley Orgánica de Servicio Público establece excepciones para dignatarios electos por votación popular.

Además, Vera cuestionó la legalidad de la designación de Sariha Moya como vicepresidenta encargada, destacando que la Constitución limita este nombramiento a 90 días, no 150.

Por otro lado, Jorge Peñafiel (Construye) recordó que, en otro escenario político, el presidente Daniel Noboa necesita la autorización de la Asamblea para ausentarse, lo que podría generar un conflicto si se trata de una licencia para hacer campaña. Esta situación pone en evidencia las tensiones políticas y el cuestionamiento sobre el ejercicio del poder ejecutivo.

La defensa de Verónica Abad, por su parte, ha presentado una acción de protección contra la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, calificando la decisión de “aberración jurídica”.

Además, se prepara otra acción de protección contra el sumario administrativo y se está evaluando presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa también ha denunciado presuntas intimidaciones por parte de la abogada de la Presidencia para frenar la divulgación de la información sobre el sumario.