En abril de 2025 culmina el período de seis años para el cual fue elegida la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien deberá ser reemplazada. Para este proceso, se ha aprobado un reglamento que ha sido objeto de diversas críticas desde el ámbito jurídico. 

Ismael Quintana, jurista, en diálogo con Freddy Paredes de *Ecuadorenvivo.com*, señaló que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como autoridad nominadora, es el encargado de llevar adelante el concurso. 

Quintana explicó que, según el marco legal actual, no es el Cpccs el que realiza el concurso en sí, sino una comisión ciudadana de legitimidad de origen. Según él, ahí es donde empiezan los problemas, ya que los integrantes de esta comisión deberían tener, al menos, conocimientos en Derecho Penal. 

Para Quintana, este proceso ha sido problemático desde el principio. “En Ecuador tenemos la mala costumbre de empezar de cero cada vez que hay un concurso, ya sea para Contralor o Fiscal, y creemos que es necesario redactar un nuevo reglamento en cada ocasión”. 

“Este último reglamento parece más producto de la efervescencia política”, agregó. Una de las principales críticas se ha dirigido hacia el extenso catálogo de inhabilidades que establece: sicariato, extorsión, delincuencia organizada y otros delitos. Esto implica que aquellos abogados que hayan defendido causas relacionadas con estos delitos no pueden participar en el concurso. 

“Esta norma pretende meter en el mismo saco al abogado y a su cliente”, puntualizó Quintana. 

El jurista considera que estamos llegando al extremo de tratar el ejercicio del Derecho Penal como un delito en sí mismo, al menos para quienes aspiran al cargo de Fiscal General, lo cual resulta inaceptable.  

Para Quintana, es un contrasentido que la Constitución exija especialización en Derecho Penal, mientras que el reglamento castiga precisamente esa rama del Derecho para ocupar el cargo de Fiscal General. 

“El reglamento para elegir al próximo Fiscal General se ha hecho de manera irresponsable y apresurada; por eso ha tenido que sufrir modificaciones”, concluyó.  

Si detrás de esto hay una intención de convertir el concurso en un traje a la medida para nombrar a alguien, que desde las altas esferas del poder tenga el visto bueno para ejercer el cargo en reemplazo de Diana Salazar, es muy prematuro decirlo, hay que esperar las postulaciones y ver que “cromos” se presentan.