En una semana marcada por múltiples denuncias de acoso sexual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido criticado por su respuesta selectiva ante estos casos.

El 13 de octubre, Petro reaccionó con contundencia a la denuncia de la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, quien acusó al magistrado César Lorduy de hacer propuestas indecorosas a cambio de favores políticos.

“Debería renunciar inmediatamente”, expresó Petro en redes sociales, generando un fuerte contraste con su silencio sobre denuncias similares en su propio entorno.

A pesar de la grave naturaleza de las acusaciones contra otros funcionarios de su administración, como Hollman Morris y Armando Benedetti, Petro no ha tomado medidas.

Morris ha sido señalado por acoso sexual y laboral, mientras que Benedetti enfrenta una investigación por agresiones denunciadas por su esposa. En cambio, Lorduy fue objeto de una rápida condena pública por parte del presidente.

La controversia se intensificó con nuevas acusaciones contra Diego Cancino, quien fue preseleccionado para dirigir la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ha sido señalado de acoso sexual por una activista.

A pesar de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó las acusaciones, Petro guardó silencio. Igualmente, el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, enfrenta denuncias de estafa y acoso laboral, pero Petro no se ha manifestado al respecto.

La falta de pronunciamiento del presidente ante estas acusaciones ha llevado a críticas sobre su compromiso con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres en su gobierno.

Activistas y congresistas, como Alexandra Vásquez, han exigido que se tomen acciones inmediatas y que se mantenga un estándar de responsabilidad y transparencia.

En medio de un clima de creciente violencia y denuncias de abuso de poder en el país, el silencio de Petro sobre las denuncias contra sus allegados contrasta con su respuesta en el caso de Lorduy, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su liderazgo y su capacidad para manejar temas de violencia de género en su administración.