La cadena de prolongados horarios de racionamiento eléctrico tiene otras consecuencias que alteran muy severamente la cotidianidad de las personas: estamos hablando de la caída de la telefonía móvil, los datos y el internet, que son herramientas fundamentales para la actividad económica y social de la gente.
La sensación es que existe una desprotección frente a un servicio de las telefónicas afectado por los continuos apagones, manifiesta Juan Carlos Solines, abogado y especialista en temas de telecomunicaciones.
En paralelo, dijo, se sabe que las concesiones de las telefónicas están operando con contratos prorrogados, una renegociación de la cual el Gobierno poco o nada ha dicho. En el caso de la telefónica Claro, en agosto pasado se cumplió un año de la prórroga, y en el caso de Movistar, será en noviembre.
“Entiendo que esa renegociación concluyó ayer, o en días pasados, pero no hay información oficial al respecto”.
La Contraloría tendrá que realizar un examen exhaustivo de los perjuicios que se podrían haber ocasionado por no haber firmado la renovación de los contratos cuando correspondían. Los plazos no se cumplieron en el Gobierno anterior. Este régimen ha tenido que ver cómo resuelve el problema que le dejó el anterior gobierno
Según Solines, los nuevos contratos de concesión debieron firmarse en el gobierno anterior, pero de manera inaudita e irresponsable, no se firmaron.
Esto significa que hemos tenido un año de prórroga, tiempo que debió aprovecharse para renegociar dichos contratos y prever las necesidades de los usuarios surgidas a raíz de la crisis energética.
En caso de que aún no se hayan firmado las nuevas concesiones, es una gran oportunidad para que Ecuador establezca nuevas cláusulas más acordes con los tiempos actuales, incluidas aquellas en respuesta a desastres naturales, crisis energética, etc.
De lo contrario, si ya se han firmado, habrá que ver en qué términos se renegociaron.
La crisis energética nos ha hecho ver que la respuesta de las telefónicas ha sido totalmente insuficiente. “En lo personal, he comprobado que es imposible sostener una llamada de datos o de voz porque se caen; es un gran problema para toda la población”.
Ahora, las telefónicas siguen cobrando como si nada pasara; si los usuarios se demoran en pagar, te desconectan el servicio. Por eso, considera Solines, es el Estado quien debe intervenir, haciendo mediciones de caídas del servicio y exigiendo una compensación a favor de los usuarios.
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