Desde la última ola de protestas en Venezuela, familiares de personas detenidas relatan el deterioro físico y emocional de los encarcelados en prisiones como Tocuyito y Tocorón.

Sol Ocariz, hermana de un activista preso, afirma que su hermano, antes de complexión robusta, ha perdido hasta 60 kilos por la falta de alimentos.

Otros testimonios, como el de Leidy Yovera, madre de un detenido, apuntan a comida en mal estado y falta de agua.

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Nicolás Maduro el 28 de julio, sin proporcionar los resultados detallados, más de 1.600 personas han sido detenidas en todo el país, entre ellos al menos 68 adolescentes.

Familiares de los presos denuncian el hacinamiento, la insalubridad y la falta de asistencia médica como un patrón de abuso que el gobierno venezolano niega.

Maduro, por su parte, ha declarado que “no habrá perdón” para los manifestantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales califican estos actos como “terrorismo de Estado”.

Además, señalan que las represiones buscan instalar miedo en la ciudadanía para evitar futuras manifestaciones y consolidar el control del gobierno.