“Ecuador es el país de los incendios”; ya es hora de trabajar con una visión a largo plazo. Es necesaria una reforma legal profunda que permita un mercado eléctrico mayorista en el cual los precios se fijen por oferta y demanda, además de eliminar las barreras a la inversión privada.
Estas son las recomendaciones del analista económico Alberto Acosta Burneo, a propósito de la entrevista ofrecida anoche por el presidente Daniel Noboa, en la que abordó la grave crisis energética que enfrenta el país.
Acosta Burneo afirmó que el Presidente debe dar la cara tanto en las buenas como en las malas noticias, especialmente en crisis de la magnitud que hoy enfrenta la economía ecuatoriana. “Es imperativo que el país vea en él a un estadista que guíe a la población”, expresó.
“Me preocupa lo que no se dijo”
El mandatario ahora debe ser más prudente con las expectativas que genera en torno a la reducción de los horarios de racionamiento eléctrico, ya que para lograrlas se deben alinear múltiples factores que no están bajo su control.
“La verdad siempre debe decirse a la gente, pues no todas las soluciones son inmediatas, y esto no se mencionó en la entrevista de anoche”, indicó. “A mí, más que lo que se dijo, me preocupa lo que no se dijo”, agregó.
Cambios estructurales, no cosméticos
Acosta Burneo señaló que el presidente Noboa no abordó en su intervención la necesidad de una reforma estructural del sector eléctrico. “El problema de fondo es que tenemos un sistema estatista. En 2008, el sector eléctrico fue estatizado mediante el Decreto Constituyente No. 15, que eliminó el mercado mayorista de electricidad en el país y lo transformó en un monopolio estatal en el que el Estado es el único comprador y vendedor de energía, permitiéndose la inversión privada solo por excepción”.
“El resultado de ese esquema estatista es el que estamos pagando ahora. Cuando el Estado se queda sin fondos, no hay inversión, y todo el sistema colapsa”.
Cambios de Ley Cero Apagones 2 son insuficientes
Para Acosta Burneo, las reformas aprobadas por la Asamblea (Ley Cero Apagones 2) son insuficientes y superficiales, ya que no abordan el problema de fondo: la ausencia de un mercado mayorista y la fijación arbitraria de precios por parte del Estado, lo cual no atrae a los inversionistas.
“Si realmente queremos atraer inversión privada, lo primero que debemos hacer es crear un mercado mayorista, como existía en el pasado, aunque nunca se implementó adecuadamente. En un mercado de este tipo, el precio se establece por oferta y demanda, lo que genera incentivos para los inversionistas”.
Llegaremos a enero del próximo año y la oposición le preguntará al presidente dónde están los inversionistas. La respuesta será clara: “No hay reformas estructurales; seguimos enfrentando restricciones y trabas, mientras persiste la ausencia de un mercado mayorista”.
El desafío: avanzar un paso más
Algunos de los cambios aprobados son positivos y van en la dirección correcta, ya que es mejor tener un techo de 100 MW que uno de 10 MW. Sin embargo, lo ideal sería liberalizar el mercado eléctrico por completo.
El análisis y las recomendaciones de Alberto Acosta sobre el sector eléctrico en Ecuador presentan ideas con potencial para fomentar la inversión privada y promover cierta estabilidad energética. Sin embargo, ignoran problemas más profundos y enraizados en la realidad económica y política del país, que hacen que cualquier iniciativa de este tipo sea prácticamente inviable en el contexto actual.
Invertir en Ecuador hoy es un acto de alto riesgo, pues el país enfrenta problemas críticos que afectan la viabilidad de cualquier estrategia a largo plazo. La creciente inseguridad y el narcotráfico están creando un clima de incertidumbre y descontrol en varias regiones, generando un entorno de trabajo vulnerable y poco confiable para los inversionistas. Por distintas razones Estado ecuatoriano ha demostrado ser incapaz de asegurar la estabilidad y el orden en amplios sectores del país, afectando gravemente la confianza empresarial y exponiendo los proyectos de infraestructura a riesgos de seguridad.
Por otra parte, la situación política es compleja y altamente inestable. Pese a las recientes elecciones, la falta de cohesión en la Asamblea Nacional y las divisiones dentro del propio gobierno dificultan seriamente la posibilidad de implementar reformas estructurales en el corto plazo. La propuesta de crear un mercado mayorista en el sector eléctrico requeriría pasar por un proceso legislativo y administrativo que, en el contexto actual, es poco viable y podría terminar en otro intento fallido. Sin un panorama político estable, las reformas estructurales simplemente carecen de soporte institucional.
Además, la clase empresarial ecuatoriana enfrenta serios desafíos de corrupción y un notorio estancamiento. La modernización y la apertura al mercado libre requieren una clase empresarial preparada y un marco ético sólido que hoy por hoy no existe en Ecuador. Sin una base empresarial robusta y confiable, el mercado mayorista planteado sería difícil de sostener, y el cambio sería meramente superficial.
Finalmente, el planteamiento de un mercado mayorista para el sector eléctrico en Ecuador ignora factores sistémicos como la corrupción y la falta de transparencia. Estos son problemas estructurales que han heredado de los 3 últimos gobiernos y han afectado a los proyectos de inversión en el pasado y que, sin una reforma integral y profunda, continuarán socavando cualquier avance. El escenario actual en Ecuador no permite que este tipo de medidas funcionen de manera sostenible, y abrir el mercado eléctrico sin resolver estos problemas solo derivaría en más fracasos.
En conclusión, la apertura al mercado en el sector eléctrico de Ecuador requeriría más que una simple reforma legal; sería necesario un cambio estructural que, en el contexto actual del país, parece prácticamente imposible de lograr.