Organizaciones ecologistas e indígenas de Ecuador presentaron esta semana una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

La denuncia se centra en la intención de la compañía de desarrollar un proyecto minero en Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada reserva hidrológica y defendida por estos colectivos desde hace años.

El excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez informó en una rueda de prensa este 24 de octubre de 2024 que se entregó documentación requerida por la CIDH, a la que presentaron la denuncia en abril en su sede de Washington, D.C.

La documentación incluye datos de las consultas populares realizadas en la zona desde 2011, las cuales buscan prohibir la minería.

La primera consulta, de carácter comunitario y simbólico, tuvo lugar en las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete.

En 2019, se llevó a cabo una consulta vinculante en el municipio de Girón, donde el 86.79% de los votantes se opuso a las actividades mineras en los páramos de Quimsacocha.

En 2021, otra consulta en la ciudad de Cuenca, también vinculante, resultó en más del 80% de la población apoyando la prohibición de la minería en cinco zonas de recarga hídrica.

Pérez también destacó sentencias de tribunales que declararon la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada para las poblaciones afectadas por la actividad minera. Estas sentencias establecieron que no se puede realizar minería sin antes llevar a cabo los estudios técnicos ambientales necesarios.

Entre los documentos presentados se incluye un informe de auditoría de la Contraloría de 2017, que recomendaba declarar la caducidad de las concesiones mineras en la zona.

También se incorporaron informes técnicos de la corporación geoambiental Terrae, del ingeniero minero James Kuipers, y de la empresa pública Etapa, que indican la inviabilidad del proyecto minero.

Adicionalmente, se adjuntaron recortes de prensa y unas 5.000 firmas de apoyo, con la expectativa de que la CIDH responda en unos tres meses sobre la admisión de la denuncia.

Durante su viaje a Washington, Pérez aprovechó la invitación de universidades estadounidenses como Yale, Cornell, Pennsylvania y Harvard para pedir a la academia que inste a sus gobiernos a cesar el extractivismo minero, petrolero y maderero, que causa “desastres ambientales” en Ecuador y otros países de la región.

“Por más que el Gobierno de Daniel Noboa, la minera Dundee Precious Metals y los empresarios canadienses intenten destruir los páramos, las comunidades estaremos en resistencia, como ya lo hemos demostrado durante 30 años, ahora con el acompañamiento de la academia y de organismos internacionales”, afirmó Pérez.