Este jueves, 24 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) celebró la audiencia de pruebas y alegatos en la que se acusó a la vicepresidenta Verónica Abad de realizar campaña anticipada en redes sociales durante su candidatura a la Alcaldía de Cuenca en 2023.

La acusación fue presentada por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quien expuso publicaciones hechas en Instagram como evidencia.

Pablo Sempértegui, abogado de Guarderas, sostuvo que Abad no solo debería recibir una sanción económica, sino también perder sus derechos de participación. Esta medida podría inhabilitarla para ejercer su cargo actual.

La defensa cuestiona la validez de las pruebas

Por su parte, la defensa de Verónica Abad alegó que las pruebas fueron mal presentadas, argumentando que carecían de enlaces que confirmaran la existencia de los contenidos denunciados.

La jueza electoral Ivonne Coloma, presidenta del TCE, será la encargada de emitir el fallo tras evaluar las pruebas y los alegatos expuestos durante la audiencia.

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Posibles consecuencias para Abad

La campaña anticipada puede ser sancionada con multas, la pérdida de derechos políticos e incluso la destitución. Sin embargo, el TCE no tiene competencia para destituir a la Vicepresidenta, aunque sí podría suspender sus derechos de participación, lo que la inhabilitaría para desempeñar funciones públicas.

Este proceso se desarrolla en un contexto delicado: el presidente Daniel Noboa evalúa tomar licencia para participar en la campaña electoral de 2025, lo que abriría la posibilidad de que Abad asuma temporalmente la Presidencia. Si el TCE le impide ejercer sus derechos de participación, esta opción quedaría descartada.