Han pasado apenas cinco años cuando la Carita de Dios estaba en llamas por la violencia, caos, vandalismo, sabotaje, secuestro, destrucción de bienes públicos y privados, rebelión; pero lo más repudiable: el incendio a la Contraloría General del Estado y la decena de vehículos del canal de televisión Teleamazonas. En otras palabras, invitamos a no olvidar las prácticas incendiarias desplegadas en las protestas de octubre de 2019, especialmente los pisos cuatro y cinco de la Contraloría, pues allí reposaba información exclusiva sobre casos de corrupción y sus derivados, tanto como la identificación de responsabilidades penales y administrativas.

Ese día sábado 12 de octubre, a las 11:30 horas, un pelotón urbano-insurgente compuesto por 34 manifestantes armados con bombas molotov, gasolina, piedras, un hacha e indumentaria adecuado para el atentado, ingresaron directamente a esos pisos para poner en práctica su pericia y adiestramiento en piromanía, con la misión de prender fuego y desaparecer todos los papeles que garantizaban sentencias y glosas.

De los 34 detenidos, pertenecientes a las filas del Grupo Libertador, 27 fueron procesados por cometer actos de terrorismo, en este caso, incendiar el edificio de la Contraloría, nada más que eso. De estos, seis eran menores de edad, con todos sus derechos a ser declarados inocentes por su condición étnica y etaria. Pero la cosa no fue así, todo este pelotón insurgente, al igual que los 268 combatientes populares, fueron declarados inocentes por falta de “pericia antropológica y estudio de la cosmovisión indígena”. Vaya eufemismo con rostro de tinterillo.

Nunca se concretó la audiencia de juzgamiento “gracias” al poder de la Asamblea Nacional, donde anidaban, y anidan, los fieles apóstoles de la resistencia y medio lectores del Mini – manual del guerrillero, escrito por Carlos Marighela. Fueron ellos los que anularon el proceso de juzgamiento de todos estos cientos de sembradores del odio entre ecuatorianos. Aparte de ser declarados inocentes, fueron reconocidos como dignos representantes de la resistencia indígena, de la lucha; unos querubines, unos serafines, todo un cuerpo celestial que no hizo otra cosa que incendiar todo un edificio de la Contraloría y otros escenarios que hicieron de la capital el infierno de once días.

Y sí, de ese infierno, muy pocos ecuatorianos fueron conscientes de que la misión de incendiar la Contraloría tenía un telón de fondo macabro: desaparecer toda evidencia de corrupción de los años anteriores; tal como lo hizo el teniente coronel Vladímir Putin en 1989, en Dresde, luego de la caída del Muro de Berlín: prendió fuego a todos los papeles del KGB ante la amenaza de una turba que invadió el edificio de la Stasi, luego de que le fuera negado desde Moscú la intervención de tanques para la seguridad del edificio y sede del espionaje durante los últimos días de la República Democrática Alemana.

Como podemos ver, la práctica de encender fuego para eliminar evidencias o provocar vandalismo, no es cosa aislada. Lo vimos hace cinco años como parte de las protestas de octubre de 2019, con un segundo capítulo en junio de 2022 de similares características y actores: en el primero, el gran jefe Iza, con la táctica de masa, y otro gran jefe, Yacu Pérez, encabezando la toma de la Asamblea. Y, en el segundo episodio, el gran jefe Iza, ya como presidente de la Conaie. O sea, en nuestro Ecuador de paisaje divino, pero desunido, jugar con fuego es una buena herramienta de plataforma política, pero mucho más efectivo cuando se trata de tapar la corrupción. Ecuador, otra tierra quemada, otro pedestal de riesgo antrópico.