En medio de una crisis sin precedentes debido a la falta de soluciones para la escasez energética y la incertidumbre en torno a la seguridad económica, el presidente Daniel Noboa ha presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma parcial que modificaría el artículo 5 de la Constitución de la República con el objetivo de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional.
Para muchos sectores, esta propuesta no es más que una cortina de humo diseñada para desviar la atención frente al desgaste del Primer Mandatario, producto de la ausencia de soluciones a la crisis energética y sus repercusiones en la vida diaria de los ecuatorianos, así como las sospechas de posibles negociados en la gestión de este sector, por ejemplo, el caso de la contratación de la barcaza Karpowership.
Por otro lado, en el actual escenario internacional, las naciones se enfrentan en una compleja disputa por intereses estratégicos que incluyen la economía, el control de recursos naturales, y la resolución o intensificación de conflictos históricos. Es en este contexto que debemos analizar con mayor profundidad la instalación de bases militares extranjeras, entendiendo que su presencia en un país implica mucho más que un simple acuerdo de colaboración para combatir problemas como el narcotráfico.
El establecimiento de una base militar implica que el país anfitrión toma partido en la política exterior de la nación que opera dicha base. Este tipo de decisiones no son aisladas ni neutrales. Al contrario, integran al país en una red global de alianzas y rivalidades. Al acoger bases militares extranjeras, una nación acepta indirectamente participar en los intereses estratégicos globales de la potencia que maneja la base, lo que inevitablemente moldea su posición internacional.
El debate también debe cuestionar la efectividad de las bases militares extranjeras, ya que países como Colombia, Perú y Panamá, a pesar de contar con presencia militar extranjera durante años, no han logrado superar el problema del narcotráfico ni reducir la inseguridad; por el contrario, en muchos casos estas problemáticas se han intensificado.
Es evidente que el gobierno de Daniel Noboa busca desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país. En un contexto donde el narcotráfico ha crecido exponencialmente y la violencia es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, Noboa pretende aprovechar la discusión sobre bases militares para posicionarse ante la opinión pública como un “líder” en la lucha contra el crimen organizado, aunque en los hechos, ha demostrado que no tiene la capacidad para cambiar esta realidad.
En este momento coyuntural, Ecuador necesita soluciones reales a sus problemas económicos, energéticos y de seguridad. Por ello, es fundamental que los temas urgentes del país sean abordados con transparencia, y que la narrativa sobre seguridad y narcotráfico no se utilice como herramienta electoral.