El Pleno de la Asamblea, bajo la dirección de Viviana Veloz, llevó a cabo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables. Este proyecto ha sido clasificado como urgente en el ámbito económico por el Ejecutivo y busca facilitar la creación e implementación de proyectos eléctricos utilizando diversas fuentes de energía renovable y de transición.

Durante la discusión, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, recordó que se han aprobado varias leyes en este período que brindan incentivos al sector privado para proyectos de generación renovable, incluyendo beneficios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, enfatizó la necesidad de ampliar las oportunidades de inversión privada en el sector energético.

Centeno también advirtió que, actualmente, Ecuador depende en un 73 % de la hidroelectricidad, lo que hace que el país sea vulnerable a las variaciones climáticas y a las lluvias.

La normativa contempla la opción de concesionar a empresas privadas o de economía popular y solidaria la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios establecidos en el Plan Maestro de Electricidad (PME).

En el debate, 25 legisladores expusieron sus opiniones, tanto a favor como en contra de la propuesta. Los que apoyan el proyecto argumentaron que la normativa proporcionará seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, además de aumentar la capacidad de generación energética mediante la participación del sector privado, especialmente en proyectos de energía de transición.

Por otro lado, quienes se opusieron criticaron la falta de inversión y apoyo a los proyectos del PME por parte del Gobierno. Resaltaron que lo que se busca es facilitar la concesión de generadoras al sector privado, en lugar de fortalecer la inversión pública en el sector energético, lo que podría resultar en un aumento de las tarifas eléctricas, afectando gravemente a la ciudadanía.

Al concluir el debate, la presidenta de la Asamblea decidió que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para sistematizar las observaciones realizadas durante la sesión y elaborar el informe correspondiente para el segundo debate.