La decisión del gobierno de Estados Unidos de negar visas de entrada al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, por participar en actos de corrupción, ha puesto de nuevo en el debate el tema de la corrupción. La decisión constituye una fuerte sanción moral.

La medida es resultado de una investigación cuidadosa de las autoridades con la participación de varios organismos y puede tener importantes consecuencias a nivel nacional e internacional. Ratifica la solidez de las sentencias judiciales ecuatorianas y cuestiona al gobierno de México convertido en refugio de acusados de corrupción; también puede provocar cambios en la posición del gobierno de Bélgica y de Interpol respecto del expresidente.

Las razones que llevaron al incremento de la corrupción en la década de la revolución ciudadana hay que tenerlas presentes para evitar su repetición. El control legislativo, la manipulación del poder judicial, la designación de corruptos en los órganos de control y la embestida contra la prensa libre, fueron los instrumentos. El talante autoritario del gobierno alentó la corrupción y favoreció la impunidad.

A los ciudadanos, por desgracia, ya nada les escandaliza, ni los millones robados, ni los saqueadores en altas esferas del poder, ni los condenados que dan lecciones de moral. La convicción de que todos los políticos roban diluye la indignación y la censura social.

No solo los políticos son corruptos, también los abogados que medran en su entorno y gestionan entramados de sociedades para esconder el botín; también empresas privadas que aparecen, estafan y desaparecen; los sindicatos que se dan vida de potentados y los  gremios que no rinden cuentas a nadie.

Lo rescatable de nuestro país fue librarnos de la izquierda populista que tiene afanes imperiales y vocación de eternidad. Los que quisieran librarse de la peste populista en México, Brasil, Colombia, Honduras, indagaban cuál fue el hechizo con que conseguimos ahuyentar a los corruptos.