Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, ha presentado una acción de protección ante el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) con el fin de salvaguardar sus derechos constitucionales. La demanda fue interpuesta el 10 de octubre de 2024 y está dirigida contra las principales autoridades de esta institución.

Desde que asumió el cargo de Coordinadora Técnica en el Consejo en septiembre de 2023, Otavalo ha denunciado sufrir revictimización y acoso laboral, supuestamente a manos de la exsecretaria María Gloria P. Según su relato, se le han negado permisos para asistir a eventos nacionales e internacionales en calidad de víctima directa del femicidio de su hija, un caso que conmocionó al país en 2022 y que la ha convertido en una referente en la lucha contra la violencia de género.

Otavalo ha señalado que las solicitudes de permisos fueron desestimadas por la exsecretaria, quien argumentó que se trataban de “asuntos personales”. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo ha intervenido, indicando que, al ser víctima de un femicidio, la negativa a conceder permisos sin afectar sus vacaciones es contraria a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

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La madre de María Belén califica estas acciones como una forma de acoso laboral y revictimización, asegurando que han perjudicado su desempeño laboral y menospreciado su lucha como madre y activista por los derechos de las mujeres. Además, su salud ha sufrido las consecuencias, con un diagnóstico médico que revela ansiedad, alteraciones del sueño y episodios de depresión.

Otavalo también sostiene que su derecho al trabajo ha sido vulnerado, especialmente porque su situación la coloca en un grupo de atención prioritaria. Tras la salida de la exsecretaria Pérez del Consejo, Otavalo fue notificada de su desvinculación de la institución por parte de la nueva autoridad, Valeria U., en septiembre.

Esta decisión, según Otavalo, carece de sensibilidad hacia su condición como madre de una víctima de femicidio y envía un mensaje preocupante sobre el tratamiento institucional a las víctimas de violencia.

A través de su demanda, Otavalo busca varios objetivos:

1. Reconocimiento judicial de la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales como víctima de violencia.
2. Garantizar atención prioritaria y especializada para mujeres afectadas, así como estabilidad laboral.
3. Anulación del memorando que afecta su puesto y su inmediata restitución en condiciones equitativas.
4. Disculpas públicas en la página web del Consejo, reconociendo la violación de derechos y asegurando la reparación correspondiente.
5. Capacitación en perspectiva de género y atención a víctimas para el personal del Consejo, con el fin de prevenir futuros casos de discriminación y violencia laboral.

Por el momento, el Consejo de Protección de Derechos está revisando la demanda y ha optado por no hacer declaraciones al respecto.