La asambleísta Mónica Palacios Zambrano, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), ha llevado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia contra el expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) por la presunta comisión de una infracción electoral grave relacionada con violencia política de género.

La denuncia fue presentada el 7 de octubre y está siendo atendida por el juez electoral Guillermo Ortega Caicedo, quien, el 17 de octubre, dictó una providencia que concede un plazo de dos días a la accionante para que aclare y complete su denuncia.

La controversia se remonta al 6 de mayo, cuando el CAL decidió suspender a Palacios por 60 días sin sueldo, a raíz de acusaciones de acoso laboral en contra del funcionario Emilio Flor Zambrano, que formaba parte del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN). Esta sanción fue respaldada con cinco votos a favor y solo dos en contra. La denuncia que ahora plantea Palacios está dirigida a los mismos cinco asambleístas que apoyaron su suspensión: Henry Kronfle (PSC), Ecknner Recalde (ADN), Diego Matovelle (ADN), Alexandra Castillo (ex-Construye, actualmente en el PSC), y Jorge Acaiturri-Villa (PSC).

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Alberto Montenegro, abogado de Mónica Palacios, criticó la actuación del CAL, afirmando que no solo fue inapropiada, sino que también mostró un enfoque discriminatorio. En lugar de proteger los derechos de Palacios como mujer y legisladora, tras sufrir agresiones por parte de un funcionario legislativo, el CAL decidió sancionarla. Montenegro argumenta que la decisión carece de fundamentos sólidos tanto fácticos como jurídicos, lo que vulnera el derecho a una motivación adecuada en decisiones que afectan a los legisladores. Esta situación resalta la necesidad urgente de mayores medidas de protección y respeto hacia las mujeres en la política.

Palacios solicita que se impongan sanciones al exlegislador y a los cuatro miembros del CAL, conforme a los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, por incurrir en actos de violencia política de género. Esto podría resultar en una multa de hasta 60 salarios básicos unificados, así como en la destitución y/o suspensión de derechos de participación por un periodo que podría oscilar entre dos y cuatro años.

Montenegro expresó su sorpresa ante la solicitud de aclaración de la denuncia, considerando que la información es clara y completa respecto a los acusados. Indicó que planea responder al requerimiento el próximo lunes.

En la providencia del juez Guillermo Ortega se requiere que la denunciante especifique el acto o resolución en cuestión, la identidad de los responsables y los fundamentos legales de su denuncia, incluyendo una descripción clara de los agravios ocasionados por el acto en cuestión.