El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha considera necesaria una reforma a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica que promueva la participación de la inversión privada. Esto debe complementarse con el proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la adquisición energías renovables. Trámites, calificado como urgente en materia económica y como indica el dicho documento, tiene como objetivo principal fomentar la participación del sector privado en la generación de energía renovable.

Por otro lado, la crisis es tan aguda que el Presidente de la República ha decidido bajar los aranceles de los generadores a 0 aranceles y el IVA para cubrir la emergencia de esta aguda crisis energética, hechura no de este gobierno, pero legado que comienza en la visión nacionalista de la última junta de gobierno militar con el presidente Rodríguez Lara y cuyos conceptos se agudizaron en la década perdida cuando con la constituyente de Montecristi se lo declaró como sector estratégico exclusivo del sector público y dónde también pensando en un futuro de recursos ilimitados de un petróleo que estaría sobre los 200 dólares el barril según las iluminadas autoridades de manos limpias y corazones ardientes del momento, (algo que nunca llegó a ocurrir), decidieron y disculpe estimado lector que insista, en el cobro de una tarifa distorsionada, cobrando solo la parte de operación y mantenimiento OPEX y no el valor del CAPEX qué son los costos de inversión incluido capital e intereses, etc. Que hasta este momento no se toman en cuenta.

Esto ha llevado a la descapitalización perversa al sector eléctrico (estratégico y público) por prácticamente década y media y actualmente este subsidio posiblemente sobrepasa de los 1000 millones USD anuales y creciendo sin beneficio de inventario. Con esos recursos hubiésemos podido avanzar en la construcción de infraestructura de generación, mantenimiento y expansión del sistema eléctrico.

Es fácil decir: abran al sector privado para que realice las inversiones; pero para ello hay que desmontar todo el andamiaje legislativo y regulatorio. Hay que crear un mercado eléctrico mayorista transparente, económicamente bancable, jurídicamente confiable, que dé las garantías correspondientes.

Todo esto se traduce que en la cabeza de los legisladores que les entre (especialmente en una época de demagogia política, como es el preelectoral) que estamos viviendo en el siglo XXI; donde todas las actividades sociales y económicas prácticamente dependen de la energía. De qué no se nos quite la luz, independientemente del ruego a San Pedro y que esperamos que en la época de estiaje que va entre octubre y marzo tengamos 15 días de lluvia seguidos y con fuerza para que haya electricidad por lo menos cada mes.

Todos podemos regañar y reclamar, pero eso no va a traer solución al problema ni a los individuos que dependen desde el enchufe para cargar la batería de su teléfono ni para los empresarios en cualquier actividad que ellos se encuentren desde la pequeña tienda con su refrigerador hasta el taller de confección, los sectores de manufactura, servicios, tecnología, agroindustria, sectores financieros, telecomunicaciones, educación, entidades públicas y privadas que deberán hacer malabares para sostener sus operaciones y no quebrar. Preocupante, según las provisiones de los multilaterales, que el Ecuador decrecerá un 4% en el PIB. Ciertamente, no hay que ser pitonisa para entender que entramos en un modo de supervivencia. Un absurdo e impensable en el siglo XXI.