El Pleno de la Asamblea Nacional ha dado un paso significativo hacia la mejora del sistema educativo en Ecuador al aprobar, con 102 votos a favor, la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Este proceso busca eliminar contradicciones entre cuerpos normativos y facilitar la comprensión y uso de la ley por parte de la ciudadanía.

Juan Carlos Camacho, asambleísta y ponente del informe, enfatizó la relevancia de esta codificación, que unifica los diversos textos publicados en doce registros oficiales desde 2011 hasta marzo de 2024.

Esta medida tiene como objetivo hacer la normativa más accesible para estudiantes, profesores, autoridades y el público en general, facilitando su implementación y comprensión.

Corrección de inconsistencias

Ana María Raffo destacó la necesidad de abordar las inconsistencias que surgieron tras la sanción de la ley en 2011, las cuales fueron ocasionadas por la falta de una revisión exhaustiva de las reformas propuestas por el Legislativo. Esta codificación es vista como una oportunidad para subsanar esos errores y asegurar que la ley funcione de manera coherente y efectiva.

La asambleísta Amy Gende, representante de Santo Domingo de los Tsáchilas, subrayó que esta codificación refuerza el derecho a la educación intercultural bilingüe, un compromiso del Estado que ha sido históricamente insuficiente. Gende hizo un llamado a las autoridades distritales para que visiten las unidades educativas que implementan este modelo, reconociendo los retos que enfrentan en su funcionamiento diario.

Cecilia Baltazar, integrante de la Comisión de Educación, señaló que la codificación permite identificar vacíos normativos, lo cual es esencial para avanzar en la mejora del sistema educativo, especialmente en las áreas rurales, donde aún persiste una deuda pendiente con la educación de calidad.

La ley codificada abarca un total de 227 artículos, 34 disposiciones generales, 84 transitorias, 23 reformatorias y 1 disposición final, que ordena su publicación en el Registro Oficial. Esta nueva estructura permitirá un manejo más claro y efectivo de la normativa educativa en el país.