Tres instituciones estatales firmaron un convenio enfocado en las telecomunicaciones dentro de las cárceles ecuatorianas, con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros de privación de libertad.

El acuerdo fue suscrito por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que este documento tiene como finalidad promover el control interno y el orden público en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

La coordinación entre estas instituciones permitirá implementar medidas para evitar que las cárceles se conviertan en “centros de mando operacional del crimen organizado” y para que las telecomunicaciones no sean utilizadas para el narcotráfico.

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El convenio surge en un contexto donde la crisis carcelaria en Ecuador se ha agravado por masacres, sobrepoblación y otros problemas en los últimos años. Aunque no se han reportado masacres en los últimos meses, las organizaciones delictivas han utilizado las telecomunicaciones para coordinar acciones desde el interior de las prisiones.

Un caso emblemático es el de Leandro Norero, quien, desde la cárcel de Cotopaxi, utilizó dispositivos móviles para controlar y ordenar acciones a jueces y abogados con el fin de obtener beneficios penitenciarios y judiciales.

César Martín, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, enfatizó que es responsabilidad del Gobierno combatir el crimen organizado en múltiples frentes.

La iniciativa también permitirá que el Ministerio del Interior reciba información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles, facilitando un control y monitoreo más efectivo.

El convenio se enmarca en la necesidad de fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, donde la información coordinada entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) será crucial para gestionar un ecosistema tecnológico seguro y promover la seguridad ciudadana.