Con la conformación de la Comisión Calificadora, se ha puesto en marcha el proceso de renovación por tercios de la Corte Constitucional. Este proceso se lleva a cabo en un contexto de crisis y pérdida de confianza ciudadana en el sistema de justicia, evidenciadas a través de los casos Metástasis, Purga, Plaga, entre otros casos de corrupción. Por ello, es fundamental que esta renovación sea transparente y garantice la independencia de este organismo.
Fruto de los resultados de la Consulta Popular celebrada en el año 2018, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a los nueve jueces que integran la actual Corte en 2019. La primera renovación tuvo lugar en 2022.
La integración de la Comisión Calificadora encendió algunas alarmas por la presencia de Fernando Javar, abogado cercano al presidente de la República, Daniel Noboa. Se debe evitar a toda costa que actores políticos intenten influir en la conformación de la Corte Constitucional.
En el proceso de selección de los nuevos jueces y juezas de la Alta Corte, se debe poner énfasis en la probidad, integridad y méritos de los candidatos, garantizando la publicidad y la participación de veedurías ciudadanas. Hoy, más que nunca, el Ejecutivo, la Función Legislativa, y la de Transparencia y Control Social deben proponer los mejores perfiles, los cuales deben ser sometidos a procesos de impugnación y escrutinio público. Según el cronograma aprobado por la Comisión Calificadora, el proceso de renovación culminaría en abril de 2025.
Frente a la crisis de institucionalidad que enfrenta nuestro país, la renovación de la Corte Constitucional es un paso clave para garantizar la estabilidad democrática y la defensa de los derechos fundamentales, con una actuación independiente que no responda a intereses coyunturales.
Dada la importancia de la Corte Constitucional como garante de derechos, las organizaciones sociales, los gremios de abogados y abogadas del país, y en general la ciudadanía, deben estar atentos al proceso y exigir transparencia. La sociedad tiene un papel esencial en el control social de este proceso. El país no puede perder de vista que esta renovación parcial de la Corte Constitucional debe asegurar el fortalecimiento del sistema judicial en su conjunto.