En este tiempo, en el que el estado ecuatoriano nos ratifica, por enésima vez, que no tiene la capacidad para proveer un servicio eléctrico continuo a sus habitantes parece que siempre el debate social se centra en dos temas simples: amplificar los justificativos del gobierno de turno para decir que este problema es heredado y, claro, socializar los horarios de los cortes y sus efectos. 

Y, aunque usted no lo crea, en estas emergencias es típico ver a los voceros de los gobiernos de turno hacer imploraciones públicas a dios para que llueva y, acto seguido, hablar mal de sus antecesores en el poder (esto ocurre desde la década de los 90, que tengo memoria). 

En los apagones, en fin, todos los políticos se justifican, pero yo me pregunto: en estas emergencias, que son casi anuales, últimamente, ¿quién le tiende la mano al ciudadano para que este haga respetar sus derechos a recibir servicios públicos de calidad y permanentes? ¿quién le da soporte para que reclame por los graves daños que sufre, ante la falta de eficiencia de un estado insensible? 

¿O, en estas épocas de racionamientos de energía, todas las entidades públicas relacionadas a este problema o las que protegen a los ciudadanos, desde el estado, prefieren hacerse los desentendidos ante las familias y nunca le hablan de sus derechos a reclamar o pedir reparaciones por los daños ocasionados?  

Triste, pero creo que nadie en el estado está para eso, hoy. La Constitución del Ecuador, en su artículo 53 dice: “Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.  El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados”. 

Ante esta realidad ¿alguien ha visto, por ejemplo, una campaña ciudadana desde las empresas distribuidoras de electricidad para recordarle a los ecuatorianos sus sistemas de protección al usuario, ante posibles perjucios por los cortes de luz? ¿Se han visto comunicados para guiarles a los abonados a pedir compensaciones, si se dañan sus aparatos eléctricos? Quizá es mejor hacerse el “loco”. 

¿Se sabe dónde está el Defensor del Pueblo para que al menos diga que su entidad puede acompañar a los ciudadanos en sus reclamos? ¿El sistema judicial le ha recordado a las personas que hay leyes que les amparan? ¿Los otros poderes del estado, a más de pelear políticamente, han pensado en la gente de este país en relación a esta catástrofe energética? 

Al final parece que los ecuatorianos estamos solos en esta tragedia por la falta de previsión y sensibilidad de los gobiernos de turno y, claro, los responsables en el sector público recibiendo su salario, como si nada ocurriera. Bien gracias…